El Juzgado de Instrucción 4 de València ha decidido archivar la investigación por prevaricación y malversación contra la diputada de Deportes Isabel García Sánchez, por la concesión de una subvención de 60.000 euros al equipo de Champi Herreros en el año 2016. Una investigación, ahora archivada provisionalmente, que le costó el número cuatro de la candidatura al Congreso de los Diputados en las pasadas elecciones, por decisión del PSOE que la sustituyó por la actual diputada Pepa Andrés.

El titular del Juzgado de Instrucción 4 no ve acreditada la malversación ni la prevaricación de la que se acusaba a la diputada y a varios técnicos de la Diputación de València. Tampoco la Fiscalía considera acreditados los hechos. Por ello, decide archivar la causa ya que la Federación de Motociclismo de la Comunitat Valenciana, personada en la causa, debería «presentar querella y prestar fianza» para poder ejercer la acusación popular porque, al solicitar el sobreseimiento la Fiscalía, «la parte acusadora carece de legitimación para instar la legitimación del procedimiento».

Sobre el detalle de los hechos denunciados, el magistrado instructor considera que no existe la prevaricación ya que el club de Champi Herreros estaba inscrito en el Registro de Entidades Deportivas desde el 14 de septiembre de 2016, «antes de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del anuncio de las subvenciones». «Por tanto -señala el juez- en la fecha de la resolución administrativa cuestionada (15-10-2016) el Club de Motociclismo Champi ya cumplía el requisito de estar legalmente constituido e inscrito». Y añade que «considerando el palmarés de las deportistas incluidas en el proyecto, no resulta extraño considerar la relevancia deportiva del nuevo club [Champi Women Racing], ni su consideración como club de élite. Aunque fuera un club deportivo de reciente creación, la valoración efectuada no puede calificarse de manifiestamente ilegal o contraria a las bases». Por último, tampoco considera el magistrado y la fiscalía acreditada la malversación porque «los fondos se aplicaron a potenciar el deporte femenino de élite y no al peculio personal de ninguno de los investigados».