26 de junio de 2019
26.06.2019
Regulación

El Gobierno discrepa del estatuto valenciano de consumidores

Rechaza la nueva regulación sobre los derechos de los usuarios sobre la titulización de préstamos hipotecarios

26.06.2019 | 11:33

El Gobierno central ha mostrado sus discrepancias sobre un artículo y dos disposiciones de la ley valenciana que modificó el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, por lo que ha abierto una comisión bilateral para buscar un acuerdo con la Generalitat.

Las Corts Valencianes aprobaron por unanimidad el pasado mes de febrero dicha modificación legal, cuyo objetivo es garantizar el derecho de información de las personas consumidoras en materia de titulización hipotecaria y otros créditos y ante ciertas prácticas comerciales.

El objetivo de la norma era garantizar el derecho de información de las personas consumidoras cuando contratan un préstamo hipotecario y otros créditos, como saber por escrito si las entidades financieras lo han cedido a terceros, a qué precio y en qué condiciones, y reforzar la capacidad sancionadora de la Administración.

El Gobierno discrepa sobre el artículo 6 de la ley, que establece la nueva regulación sobre los derechos de consumidores y usuarios sobre la titulización de préstamos hipotecarios o de otros tipos y obliga a las entidades a informar de las cesiones, y sobre la disposición adicional única, que actualiza las infracciones en materia de consumo para añadir la omisión de información de estas cesiones.

También discrepa de la disposición transitoria segunda de la ley, que establece que las entidades bancarias y financieras deberán comunicar en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley a quienes tengan préstamos o créditos si los han cedido o transmitido, y si no lo hacen será una falta grave.

El Diari Oficial de la Generalitat publica este miércoles el inicio de las negociaciones en la comisión bilateral de cooperación administración general del Estado-Generalitat, que es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad si no se consigue en ella un acuerdo en el plazo de seis meses.

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