Las vacaciones parlamentarias han generado el primer aprieto entre los tres socios del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) que conforman la mayoría en las Corts Valencianes. El dilema está en si habilitar el mes de julio para el debate político, es decir la celebración de comisiones o algún pleno de calado.
La posición del partido mayoritario, el PSPV sobre su gestión en el parlamento con el pretexto de que el ejecutivo acaba de tomar posesión y, por tanto, no tiene sentido fiscalizar a un gobierno que aún no ha empezado a caminar. Pero Compromís, Unides Podem y toda la oposición en bloque (PP, Ciudadanos y Vox) quieren habilitar el mes de julio para la actividad parlamentaria.
El periodo de sesiones concluyó ayer y no se reanudará hasta septiembre. Desde que el 3 de marzo el presidente, Ximo Puig, anunció el adelanto electoral las Corts quedaron disueltas hasta el pasado 16 de mayo y solo la diputación permanente se reunió un par de veces antes de elecciones. Desde la constitución de las nuevas Corts solo se han celebrado los plenos de investidura y toma de posesión y ayer el de designación de senadores territoriales.
Si como defiende el PSPV, las Corts se cierrran al debate en el mes de julio, la cámara ya no volverá a tener actividad de control al Consell hasta septiembre, es decir habrá pasado medio año desde la disolución de las Corts.
Pero Compromís defiende que hay mucho por hacer y quiere que la junta de síndics de la semana que viene habilite el mes de julio y en Unides Podem tampoco tienen problema en que se celebren plenos y comisiones en julio. Pero los socialistas insisten en que ni siquiera se ha completado el segundo escalón del Consell y que por lo tanto no tiene sentido pedirle explicaciones a un gobierno que no ha comenzado a rodar. Hacerlo sería inédito, apuntan.
Para el PP, la frase del día es que el «pacto de los sillones se va de vacaciones», dando por hecho que las Corts se cierran hasta septiembre y no habrá explicaciones sobre listas de espera en Sanidad o dependencia o sobre el recorte de 1.500 millones que el Gobierno exige al ejecutivo valenciano.
Ciudadanos lleva días lamentando la falta de plenos de contenido político y exige que el Consell se explique sobre el aumento de cargos del segundo escalón y el que prepara de asesores.
Mientras, ayer juraron o prometieron su cargo como senadores por designación de las Corts los socialistas Joan Lerma y Josefina Bueno, Alberto Fabra (PP), Emilio Argüeso (Ciudadanos) y Carles Mulet (Compromís). Llegan al Senado con un mes de reatraso.
