El 30,2 % de la población valenciana está en riesgo de pobreza o exclusión social, según los datos de 2017-2018 presentados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra corresponde a la tasa Arope (de las siglas Alt Risk Of Poverty or social Exclusion, es decir, alto riesgo de pobreza o exclusión social), que elabora los resultados teniendo en cuenta tres indicadores: la población en riesgo de pobreza, las personas con carencias de material y la gente con baja intensidad en el empleo. De esta manera, la tasa Arope posiciona a la Comunitat Valenciana como la séptima con más personas en riesgo de pobreza y exclusión social, con un porcentaje de 30,2 %, frente a la media estatal, que está en 26,1 %.
El riesgo de pobreza es un indicador que mide la desigualdad. No mide la pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población. En la Comunitat, la tasa se sitúa en el 26 %, casi cinco puntos porcentuales por encima de la media nacional (21,5 %). De hecho, la ONG Save the Children alerta de que en el territorio valenciano hay un total de 60.419 familias monoparentales en riesgo de pobreza, la mayoría de ellas encabezadas por una mujer sola. Además, un total de 22.794 de ellas se encuentra en situación de «pobreza severa».
Lola Fernández, presidenta de la Xarxa per la inclusió social (la delegación en la Comunitat de la ONG EAPN España-Red Europea de Lucha contra la Pobreza), explica que «se consideran en riesgo de pobreza las personas que viven en hogares con una renta inferior al 60 % de la mediana de la renta nacional equivalente en unidades de consumo». Así, la mediana ordena a los individuos de menor a mayor en función de sus ingresos, de manera que a cuanto más se incrementen los ingresos, más aumentará el umbral de riesgo de pobreza. La presidenta de la Xarxa per la inclusió social comenta que el término «pobreza severa» se refiere a las personas que viven en hogares con una renta inferior al 30 % de la mediana.
El umbral de pobreza es diferente en cada tipo de hogar, ya que los ingresos no son los mismos en una casa unifamiliar que en una vivienda de dos o más personas. «Para el año 2017, el umbral de pobreza se fija en 609 euros mensuales por 14 pagas. Todas las personas que viven en hogares con una renta por unidad de consumo inferior a esa cifra se consideran pobres», asegura Fernández. La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2018 marca el umbral de pobreza nacional en 8.871 euros anuales para hogares de una persona (que se traduce en 633,6 euros en 14 pagos) y de 18.629 euros en viviendas de dos adultos y dos niños (1.330,6 euros).
La Comunitat Valenciana presenta una media de ingresos por persona de 10.232 euros, algo más de mil trescientos euros por encima del umbral de pobreza nacional, que está en 14.785 euros. Lola Fernández explica que en el territorio valenciano «aunque se haya mejorado la renta media por unidad de consumo, se muestra un incremento en indicadores macroeconómicos que solo consigue profundizar las desigualdades y la pobreza severa». A lo que Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat, añade que «la falta de oportunidades laborales y de una red de apoyo, la brecha salarial o la imposibilidad de conciliar su vida personal y profesional condicionan muy significativamente a las familias monoparentales, especialmente a las madres solas con hijos a cargo, por lo que es responsabilidad de las administraciones y de toda la sociedad acompañarlas para que no estén solas». A lo que Hernández añade que en la Comunitat Valenciana «hay 170.900 madres y 27.600 padres solos que tienen que elegir entre trabajar y poder alimentar a sus hijos o estar con ellos pero no poder darles de comer». Según la entidad, el coste mínimo para poder criar a un niño o niña «en condiciones dignas en la autonomía es de 536 euros al mes, una cifra que muchas familias no pueden alcanzar».
Carencias de material
Uno de los indicadores que incluye la tasa Arope es la población con privación material severa. Fernández explica que este indicador se refiere a las personas «que no pueden pagar cuatro de los nueve ítems de consumo básico definidos a nivel europeo». Esta lista incluye pagar la hipoteca, alquiler o letras; temperatura adecuada en el hogar en invierno; vacaciones de una semana al año (mínimo); una comida de carne o pescado cada dos día; poder afrontar gastos imprevistos y tener teléfono, televisión en color, lavadora y coche. Se trata de unas comodidades de las que algunos valencianos no pueden disfrutar, ya que, por ejemplo, el 40,2 % no puede afrontar gastos imprevistos, el 36,1 no puede ir de vacaciones ni tan siquiera una semana al año, el 7,3 % sufre «mucha dificultad» para llegar a fin de mes y el 6 % tiene retrasos en pagos relacionados con la vivienda.
La presidenta de EAPN en la Comunitat Valenciana asegura que «el índice de pobreza sigue siendo muy alto y bastante superior a la media estatal» y afirma que «se deben exigir responsabilidades a las administraciones». «Reclamamos un acuerdo de legislatura para la reducción de, al menos, un tercio de esta elevada tasa en los próximos 4 años. Les Corts Valencianes y las entidades locales deberían propner una modificación eincorporar los derechos sociales fundamentales a nuestro marco constitucional», exige.
