El Tribunal Supremo ha ratificado lo que la ley valenciana dictamina desde 2018: los policías locales no pueden ejercer en régimen de interinidad. Así, las administraciones locales se ven obligadas a regular la situación de los cuerpos de seguridad y convocar las plazas antes del 31 de diciembre (como se aprobó en las Corts) que ahora ocupan más de 1.200 interinos. El Supremo ha dictado sentencia tras un recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Santurtzi y el Gobierno Vasco contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que consideraba «ilegal» la contratación de cuatro agentes interinos por parte del ayuntamiento vizcaíno.
En la Comunitat Valenciana habrá policías locales interinos hasta final de año y su trabajo no corre peligro. Ahora bien, la Generalitat abronca a los ayuntamientos por no haber convocado los procesos de selección para regularizar los puestos de trabajo. Así se recogía en la Ley de Coordinación de Policías Locales, redactada en 2017, que daba tres ejercicios presupuestarios a los ayuntamientos para convocar los concursos públicos. Durante este tiempo, apenas una decena de los 280 entidades locales con cuerpos de policía propios ha convocado las plazas, según señalan desde el Gabinete Técnico de Coordinación de Policías Locales.
Los ayuntamientos no han hecho los deberes y otra contrariedad se sumó en enero de 2019. El Gobierno central dio luz verde al decreto de jubilación anticipada en la Policía Local, que permitía jubilarse a los 59 años siempre que se cumplan una serie de años cotizados y en el cuerpo. Eso esquilmaba la plantilla policial de buena parte de los municipios, por lo que presionaron para no aplicar la ley valenciana y quedarse también sin los interinos.
Según las mismas fuentes, las presiones municipales llevaron al Consell a aprobar un decreto por el que se modificó la Ley de Coordinación de Policías Locales para ampliar los supuestos en los que se permitía nombrar a agentes interinos en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Es decir, una moratoria que las Corts convalidaron en abril de este año para restar premura en convocar las plazas. El decreto prevalece sobre la sentencia dictada por el Supremo, pero cuando venza el plazo fijado en el 31 de diciembre de 2019, los ayuntamientos que no hayan cumplido no estarán amparados por ninguna ley.
El retraso en la publicación de la relación de puestos de trabajo es enorme y la ley valenciana se ha tomado con tibieza por parte de los municipios. Por parte de la Generalitat defienden que se ofrecieron para que los ayuntamientos pudieran encomendar a la Administración autonómica la convocatoria de los procesos. Así se recoge en la ley de 2017 y será a partir de 2021 cuando la Generalitat centralice las oposiciones a Policía Local de manera general pese a que es una competencia municipal.
Mientras, los sindicatos han recibido con los brazos abiertos la sentencia porque visibiliza lo que llevan peleando años. Así lo argumenta Julio Conesa, coordinador de la Administración Local de CCOO. «La Policía Local es el único colectivo donde se aceptan los interinos, eso no sucede ni en la Guardia Civil, ni en la Ertzaintza ni en ningún otro cuerpo de seguridad», sostiene. Además, la interinidad deja desprotegidos a los profesionales ya que es la función pública lo que les blinda en caso de llegar a situaciones judiciales. Si para entonces ya no están prestando el servicio, quedan desprotegidos. En la misma línea se expresó ayer Francisco Caballero, secretario de Administración Local de la UGT, para quien la sentencia no hace más que apuntalar lo que recogieron en la ley valenciana. Como en el caso del País Vasco, en Baleares y en Extremadura los tribunales también se habían manifestado contra la interinidad en las policías locales.
