El lago de l'Albufera registra desde principios de junio un alarmante descenso del nivel del agua, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Situación que en 2016 ya motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Provincial de Valencia, y que obligó después a la Conselleria de Medio Ambiente a regular el régimen hídrico de la laguna y su comunicación con el litoral marino, retirando esa potestad a la Junta de Desagüe. Las medidas, adoptadas tras la resolución judicial, establecen unos mínimos de 10 centímetros sobre la Gola del Pujol durante el cultivo del arroz (de mayo a octubre) y de 25 en la inundación invernal (de noviembre a enero). El resto del año se fijó en una horquilla entre 5 y 10 centímetros. Lo cierto es que en el mes de junio el gradiente del flujo de la laguna con el mar ha estado incluso cinco centímetros por debajo de lo fijado por la administración autonómica.
Aunque en mayo los valores oscilaron entre 12 y 14 cm, a partir del uno de junio se produjo una caída en picado con números negativos. El pasado 14 de junio la CHJ recoge un preocupante -5,3. Un nivel inferior a cero implica un grave riesgo de entrada de agua de mar y por tanto un incremento de la salinidad, tal como advierten los técnicos. La propia conselleria destaca «la importancia de fijar el nivel máximo y el mínimo del lago según la época del año teniendo en cuenta los intereses de los arroceros, pero también de pescadores y usuarios en general». El nivel medio mantenido durante años ha oscilado entre los 5 y los 13 centímetros.
Denuncia
Según ha podido saber Levante-EM, la Conselleria de Medio Ambiente tuvo hace unas semanas constancia del incumplimiento por parte de la Junta de Desagüe, por lo que se apercibió de inmediato a sus responsables al no respetar los niveles predeterminados. El departamento que ahora dirige Mireia Mollá seguía sin recibir contestación alguna el pasado viernes. Tras la denuncia del exalcalde de Silla Francesc Baixauli, el Ministerio Público dictaminó que Medio Ambiente fuera quien acordara «un régimen de autorización previa y expresa» en cualquier decisión que se adopte sobre los niveles hídricos del lago. Y Fiscalía apuntaba a la propia conselleria o el organismo que estime conveniente delegar, como el presidente de la Junta rectora del Parc Natural de l'Albufera, organismo asesor del espacio natural en que están representados varias conselleries, los trece municipios que lo envuelven y colectivos como agricultores, pescadores, cazadores y ecologistas.
El Ayuntamiento de València, propietario del lago, confirmó ayer que tenía constancia del incumplimiento de las normas dictadas por Conselleria. De hecho, en las últimas semanas ha venido advirtiendo a los responsables de la Junta de Desagüe de que, de mantenerse la situación, la administración tendría que actuar para respetar la resolución de Fiscalía. El concejal delegado en funciones de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, admitía la mayor salinidad del humedal, que achaca a la poca entrada de agua del Júcar. Pese a ello, aseguraba que el nivel del agua había subido en los últimos días y emplazaba a buscar soluciones entre todas las partes para evitar la confrontación. Son varias las voces que alertan desde hace tiempo sobre un cambio en las condiciones climáticas de este frágil ecosistema, debido a la emergencia climática y la subida del nivel del mar.
