El Personal Investigador en Formación (PIF) de la Universitat de València ha exigido este jueves a la institución la suspensión de la obligatoriedad del control horario, debido a lo que consideran una "aplicación incorrecta" por parte de la universidad. Asimismo, han advertido de que a partir del mes de enero, "esta medida afectará también a otros miembros de la comunidad universitaria".
Según han relatado desde el PIF en un comunicado, el pasado 28 de mayo la UV anunció la aplicación inminente del Real Decreto-Ley 8/2019 que regula la obligatoriedad, por parte de las entidades contratantes, de establecer mecanismos para el registro de la jornada laboral de sus trabajadores y trabajadoras.
En el caso de la Universitat de València, el personal investigador ha asegurado que "se ha optado por un mecanismo de control horario presencial" que "no se ajusta a las particularidades de su labor y que obstaculizaría el correcto desarrollo de su trabajo".
Desde la Asamblea del PIF han considerado que esta forma de aplicación de la normativa "podría producir los efectos contrarios a lo pretendido por una ley que, en su propia redacción, tiene como objetivo la lucha contra la precariedad laboral".
Desde la asamblea han afirmado que "es absurdo pretender que nuestro trabajo investigador se limite a un horario y un espacio físico concretos" ya que, han agregado, "nuestra labor carecería de sentido si se limita a lo realizado en las instalaciones de la Universitat".
Este es el caso de algunos investigadores que compaginan el trabajo de campo con las labores de despacho, han explicado: "Si contamos todas estas horas, nuestra jornada laboral excede con creces lo estipulado en nuestros contratos".
Asimismo, han añadido que "la UV pretende aplicar un control horario que no tendría en cuenta las labores" que los investigadores realizan fuera de la universidad y, en caso de tenerlas en consideración, tampoco se nos ofrece ninguna forma de compensación por las horas extra realizadas".
Según el personal investigador, "la Universitat de València parece más preocupada en cumplir con la normativa de cara a una posible inspección que en ofrecer unas condiciones de trabajo dignas para sus trabajadores y trabajadoras".
"Entendemos que la Universitat tenga que cumplir con la ley", han insistido, "lo que no comprendemos es la implantación unilateral, sin negociación ni análisis previo, de una medida que tendría repercusiones negativas en las labores que realizamos y, en definitiva, para la propia institución".
Por otra parte, los investigadores han lamentado "la falta de interés en cumplir con otras cuestiones" que, según han asegurado, "mejorarían en algo nuestras precarias condiciones laborales".
En este sentido, además de la reivindicación de la necesidad de espacios adecuados a su labor -"actualmente muchos trabajan desde casa debido a la falta de espacio y equipamiento en sus despachos"-, desde la asamblea reclaman que la UV cumpla con lo dispuesto en el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF), aprobado en marzo de 2019.
"La Universitat continúa sin aplicar las mejoras salariales previstas en el Estatuto y varios compañeros siguen reclamando que sus contratos se prorroguen hasta los cuatro años", han reivindicado.
En referencia a esto, han señalado que "los compañeros y compañeras contratados en el marco del programa ACIF VALi+d llegaron al punto de tener que encerrarse en Rectorado para conseguir que las autoridades universitarias atendieran sus demandas".
- Por todo ello, el colectivo afectado ha intentado abrir una vía de diálogo con la Universitat, pero "ante las evasivas por parte de las autoridades competentes" han comenzado a plantearse movilizaciones de cariz más reivindicativo de cara al próximo mes de septiembre. "Somos el futuro de la universidad, pero la universidad no nos garantiza un futuro", han reclamado.
