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Cambio

Compromís quiere restringir los candidatos para dirigir À Punt

Plantea sustituir la convocatoria abierta a cualquier profesional por aspirantes propuestos por el consejo rector

Compromís quiere restringir los candidatos para dirigir À Punt À Punt Media

A los múltiples frentes que À Punt tiene ya abiertos (judiciales, económicos y políticos), se suma los que están por llegar en el próximo curso político: la renovación del puesto de dirección de la televisión pública valenciana y de los cuatro miembros del consejo rector que toca sustituir.

Ante estos dos retos, los partidos del Botànic comienzan a tomar posiciones. Compromís tiene en mente volver de las vacaciones de verano con una propuesta en firme para aligerar la elección del director o directora del ente. La actual responsable, Empar Marco, agota en marzo el mandato de tres años y, con la ley en la mano, el proceso de renovación debería arrancar a finales de año ya que contempla un concurso abierto de libre concurrencia.

Tal como marca la ley, la periodista fue seleccionada por el consejo rector después de un procedimiento de concurso público que tardó varios meses en resolverse y al que se presentaron una veintena de aspirantes. El síndic de Compromís, Fran Ferri, considera que tras la experiencia de este proceso habría que cambiar esta fórmula y plantear un sistema más ágil, aunque también más restringido. Desde Compromís se apuesta por finiquitar el concurso abierto a cualquier persona y adoptar una fórmula distinta.

Terna elegida por el consejo

Hasta hora, según marca la ley 6/2016, puede presentar su candidatura cualquier profesional del ámbito de la comunicación «que acredite méritos suficientes para desempeñar dicho cometido». Sin embargo, la coalición baraja que sea el consejo rector quien haga una primera propuesta de una terna de nombres. Sobre estos candidatos preseleccionados se eligiría al nuevo director o directora. La propuesta está falta de concreción.

Ferri también apostó por dar un giro en el perfil del órgano rector. La formación considera que debería apostarse por miembros con una formación jurídica y financiera y no como hasta ahora en el que priman los conocimientos en el sector audiovisual, pese a que en la ley también se contempla que sean profesionales que acrediten experiencia «en órganos de Administración, alta dirección, asesoramiento de entidades públicas o privadas relacionadas con el ámbito de la comunicación». Estos cambios, que requerirían un acuerdo amplio entre los grupos de las Corts (la idea es que no se elija por cuota de partido), se ponen encima de la mesa en un momento en que À Punt está muy cuestionada por la gestión.

«Un desequilibiro patrimonial»

La Cuenta General de la Generalitat revelaba pérdidas de la sociedad de À Punt por casi 750.000 euros, lo que la sitúa en quiebra técnica. No obstante, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació negó ayer esta situación y lo justificó en que no ha habido ninguna suspensión de pagos ni se prevé. «Es habitual tener algún desequilibrio patrimonial», señaló.

En cualquier caso, las cuentas anuales todavía no se conocen ya que el consejo rector no ha podido sacarlas adelante por las dudas de la Intervención. En la reunión de consejeros que se celebra hoy se tratará de aprobarlas, puesto que el plazo terminó el pasado fin de semana.

De los nueve consejeros y el presidente, con un papel activo en la toma de decisiones, cuatro deben cesar en octubre al haber pasado tres años, tal como marca la ley. Entre ellos figura Rafa Xambó, propuesto en su día por Compromís. La coalición no tiene previsto volver a poner su nombre encima de la mesa. Con Xambó abandonan el puesto Mar Iglesias (Compromís), Vicente Cutanda (PP) y Marc Pallarés (nombrado por el PSPV). «Acertamos en la independencia, ahora hay que buscar una manera de elegir el consejo para que todo encaje», indicó Ferri. Además, insistió en el aumento de presupuesto de 55 a 68 millones anuales como ya solicitó Marco.

Mientras, PP y Cs pidieron la comparecencia de Puig para explicar el estado de las cuentas. Eva Ortiz (PP) y Fernando Llopis (Cs) quieren aclarar la «inestabilidad económica» y la quiebra técnica que decreta la auditoría. Ortiz calificó de «gestión desastrosa» la situación en la cadena. Eso se suma a la ampliación de la denuncia a À Punt del PP al conocer que podrían haberse fraccionado 14 contratos menores.

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