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Memoria 2018

El Jurídic reprende al Consell por no elaborar informes de impacto de género efectivos

El CJC considera que la Generalitat debería exigir a las empresas y entidades contar con un plan de igualdad para cobrar ayudas públicas

La presidenta del CJC, Margarita Soler (en el centro), saluda a personal y diputados de las Corts. levante-emv

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) tiene claro que el Ejecutivo autonómico podría dar más de sí en sus políticas en favor de la igualdad de género y así lo ha dejado escrito en su última memoria, relativa al ejercicio de 2018, entregada esta semana a las Corts. Hay margen para avanzar en materia de género y los poderes públicos tienen una responsabilidad añadida.

El Jurídic señala tres ámbitos en los que el Botànic II podría mejorar y uno de ellos tiene que ver con el reparto de las subvenciones públicas. Así, el organismo que preside Margarita Soler plantea que contar con un plan de igualdad sea, bien un requisito, bien un mérito, para las entidades y empresas que aspiran a una subvención pública de la Generalitat.

Pero el CJC no se queda solo en las subvenciones y da también un tirón de orejas al Botànic por no haber atendido una de las quejas más antiguas en materia de género del organismo consultivo: la falta de informes de impacto de género realmente efectivos.

El organismo cree que, pese a sus advertencias, las memorias de género (obligatorias por ley) siguen siendo informes «rituales», «huérfanas de un auténtico informe sobre el impacto de la norma en materia de género». Se lamenta de que estos documentos no hayan mejorado su calidad a pesar de que todas las conselleries cuentan con una unidad de igualdad. En tercer lugar, y como ya ha recogido en numerosos dictámenes exige al Consell más garantías para que los órganos o comisiones sean paritarias.

En cuanto a las subvenciones públicas, el Jurídic, tras analizar la normativa actual y teniendo como referencia la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOI), considera que la Generalitat debería exigir a las empresas que tienen obligación legal de contar con un plan de igualdad (aquellas con una plantilla superior a 250 personas) que a la hora de concurrir a la convocatoria presenten una declaración responsable de que dispone de este documento.

Un mérito para poder cobrar

Y en los casos en los que no existe tal obligación legal, el Jurídic insta al Consell que en las bases de la convocatoria de ayudas fije que sea un mérito o elemento de valoración. El CJC habla de una «visión dinámica» en materia de género que debe plasmarse con más ahínco en el ámbito de las subvenciones. Y explica por qué.

Dado el origen público de los fondos, cree que incorporar como mérito o requisito los planes de igualdad supone acreditar que las entidades beneficiarias «cumplen con el derecho a la igualdad salarial y a la no discriminación retributiva entre hombres y mujeres». Señala que es responsabilidad de los poderes públicos acabar con la brecha salarial y garantizar que a igual trabajo, igual remuneración. Para el CJC, los planes de igualdad son una herramienta idónea para hacer factible ese principio.

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