Se llama Pilar F., tiene 40 años, dos personas dependientes a su cargo (su abuela y su tía), dos hijos pequeños de 6 años y una pelea con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que ha llegado a los tribunales y la tiene agotada e indignada por unos pagos que superan los 20.000 euros por demoras en el pago de la ley de la dependencia. Hace unas semanas leyó el reportaje de Levante-EMV sobre un hombre que cobraba la ayuda de dependencia de su tía 12 años después de solicitarla y 6 años después de que la mujer falleciera. A Pilar le ardieron las entrañas. De hecho, le arden cada vez que escucha a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, defender que la anterior legislatura, la del primer Botànic, ha sido «la legislatura de atención a la dependencia». Y cada vez que Oltra ha remarcado que «los derechos de los dependientes están por encima del presupuesto».

Porque en su caso no ha sido así. Y no tiene una, sino dos dependientes a su cargo desde 2007, cuando a su abuela (que ya vivía con su tía, con una discapacidad del 90 %) le dio un infarto que la dejó con una discapacidad del 75 %. Y no puede más. Necesita cobrar y necesita cobrar ya «porque no quiero que la ayuda llegue cuando mi abuela y mi tía estén muertas. Sé que la ayuda se cobra, pero ¿cuándo? ¿Pueden entender que necesitamos el dinero para ellas, mientras viven? ¿De qué me vale a mí cobrarlas cuando estén muertas? Ese dinero es para que vivan mejor. Es suyo, tienen derecho, lo anuncian en prensa... Pero en el juzgado es bien diferente». La rabia le aprieta el estómago.

Cuando se realiza esta entrevista Pilar está en el hospital cuidando de su abuela, que está ingresada y sedada. Puede morir en cualquier momento porque es muy mayor «y ya me han dicho que solo queda esperar. Esto es lo más duro». Y Pilar se derrumba, pero no quiere quedarse de brazos cruzados. Quiere que a los responsables «se les coloree la cara» porque «con esta familia lo han hecho muy mal».

Empezamos. Pilar solicitó la ayuda de dependencia para su abuela en 2008 (tras sufrir el infarto) pero no cobró nada hasta 2012. Esos cuatro años sin ingresos para cubrir cualquiera ayuda externa los recuerda con agonía. En 2012 empezaron los pagos (412 euros al mes) que, sin embargo, se redujeron sin explicación alguna hasta los 354 euros. Fue el denominado copago encubierto, que aplicó el PP de 2012 a 2015 en forma de recortes en las prestaciones hasta que perdió las elecciones. El TSJ anuló el copago encubierto en 2016 y la conselleria que dirije Oltra anunció que que devolvería los importes «de oficio». No ha sido así para la familia de Pilar. Los importes aminorados a su abuela ascienden a 5.500 euros «y son los que le podrían haber dado una mayor calidad de vida y eso que ni siquiera cobra lo que corresponde al grado 3, 387,54 euros que es lo que le pertenece, a pesar de las múltiples solicitudes presentadas».

Y se fue a los tribunales con un abogado de oficio para reclamar lo que le corresponde a su abuela por responsabilidad patrimonial y demora en dependencia. «A ese juicio acudí con mi abuela (90 años), y salí llorando de impotencia. La abogada de conselleria solicitó la nulidad del juicio por un defecto de forma porque decía que no estaba presentado el recurso de alzada (requisito indispensable para demandar)», explica. Sin embargo, en el documento presentado para solicitar la «inadmisibilidad» del proceso, la conselleria afirmaba que en caso de que el juez no estimara la nulidad, sí reconocían «unos atrasos cifrados en 16.224, 36 euros pero no cuantía alguna por la minoración de la prestación realizada».

Pero el recurso de alzada sí estaba presentado y sellado. La conselleria se lo comunicó al juzgado tras la insistencia de Pilar. Y entonces la conselleria cambió de estrategia y presentó un alegato de 24 páginas al juzgado donde ya no reconocían el dinero que le deben a la abuela de Pilar. «Es cierto que en el acto de la vista, y para el supuesto de que se desestimara la inadmisibilidad del proceso esta representación procesal aportó un cálculo de las cantidades que le corresponderían en concepto de retroactividad, para el hipotético caso de que esta se reconociera judicialmente. Este cálculo se presentaba como simulación para oponernos a los cálculos del contrario», afirma el escrito. Y recalca: «En todo momento se ha negado que existiera derecho a cobro de la retroactividad».

Pendiente de sentencia

A Pilar le hierve la sangre. «Jamás pensé que una conselleria pudiera intentar evadir un pago a dos grandes dependientes, ni mucho menos reconocer los atrasos si el juez no estima la nulidad. Es decir, si puedo, consigo la nulidad y no te pago, si el juez no anula, reconozco que te lo debo. Me parece indignante y una falta de respeto. Ese dinero debería estar pagado desde hace mucho tiempo. Con mi abuela viva, a ser posible. Ese es el tema. Cobrar lo que corresponde mientras viven los dependientes», explica indignada. El juicio está pendiente de sentencia y a Pilar se le encoge el alma mientras cuida de su abuela en el hospital y tira de familiares y amigos para que ese encarguen de su tía. Por ella, está peleando un grado 3 porque «con una discapacidad del 90 % no se lo reconocen».