09 de julio de 2019
09.07.2019
Tribunales

Anticorrupción acusa a los exsuegros de Benavent de blanqueo de capitales

El juez de Taula cita a declarar a Mariano López, su mujer y su cuñada por el presunto cobro de mordidas por el "call center" de la diputación

08.07.2019 | 23:41
Mariano López, en una imagen de archivo.

La investigación en una de las siete piezas separadas del caso Taula, que investigaba la adjudicación del «call center» o servicio de atención telefónica tributaria de la Diputación de Valencia a una empresa «apadrinada» porMariano López, empresario de Xàtiva y exsuegro del yonki del dinero, ha permitido acreditar «de forma indiciaria la existencia de un delito de blanqueo de capitales» por parte de López y dos familiares directos, según concluye la Fiscalía Anticorrupción en un escrito incorporado a la causa, al que ha tenido acceso Levante-EMV. El titular del Juzgado de Instrucción 18, que instruye esta macrocausa judicial, ha citado a declarar al empresario de la capital de la Costera y a sus dos familiares directos el próximo miércoles, según la providencia dictada por el magistrado la pasada semana.

López y sus familiares deberán responder por la actividad de la empresa Técnicas Legales Administrativas, creada el 18 de septiembre de 2013, apenas cuatro meses después de que la Diputación de València adjudicara la gestión del «call center» a Servimun, propiedad del empresario Fernando Palomares.

Este «centro de atención multicanal a los contribuyentes» de la Diputación de Valencia se «externalizó» en 2012, mediante una encomienda de gestión a la empresa pública Imelsa (Impulso Económico Local SA). El también conocido como «call Center» se privatizó a través de la adjudicación a la empresa Servimun, el 20 de mayo de 2013, apenas cuatro meses antes de que la mujer y la cuñada de López crearan Técnicas Legales Administrativas SLU.

Precisamente en el transcurso de la investigación sobre el «call center» los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectaron una serie de pagos realizados por Servimun -la gestora del centro de llamadas- a la mercantil Técnicas Legales Administrativas SLU, propiedad de la cuñada de Mariano López y con sede en Xàtiva.

El principal cliente de Técnicas Legales Administratrivas era Servimun de quien recibió 200.000 euros «de forma velada», según la Fiscalía Anticorrupción. Sus ingresos, que rondaban los 36.000 euros mensuales, cesaron cuando el servicio de atención telefónica fue recuperado por la Diputación de València en enero de 2016. La Fiscalía Anticorrupción considera que el dinero ingresado por Técnicas Legales Administrativas procedía «de la contratación fraudulenta de Servimun, para la gestión de un 'call center' que no interesaba nada más que para los propios fines averiguados como el enriquecimiento de Mariano López y Fernando Palomares (propietario de Servimun)».

La privatización del «call center» en 2013 se justificó desde todas las instancias de la institución provincial, entonces dirigida por Alfonso Rus, como una manera de mejorar el servicio de atención telefónica tributaria a los contribuyentes.

Denuncia de Benavent

La investigación sobre este servicio privatizado arrancó tras confesar el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, que el «call center» se adjudicó a la empresa Servimun presuntamente por la amistad de un funcionario de la Diputación de València, Salvador Deusa, con Mariano López.

En esta pieza separada del caso Taula el juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan por malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad a Alfonso Rus, el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, y diversos funcionarios de la Diputación de València e Imelsa.

Unos delitos a los que ahora López deberá sumar el presunto delito de blanqueo de capitales, supuestamente cometido junto a su mujer y su cuñada, por el que deberán declarar hoy ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción.

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