Lara empieza a trabajar mañana en un comercio de complementos de moda, regalos y decoración en Orihuela Costa. Ingresará en plantilla durante dos meses con un contrato a media jornada y un salario de algo más de 500 euros. Su nómina bailará en función de las horas extra que requiera la empresa, aunque no sabe muy bien ni cuántas podría llegar a hacer ni cómo se pagan. No ha querido formular demasiadas preguntas por miedo a perder el puesto antes incluso de comenzar la faena.
Con 30 años, un titulo de ingeniera en diseño industrial y un máster, apenas ha cotizado a la Seguridad Social. Su carrera profesional se reduce a un puñado de contratos de formación y, sobre todo, empleos esporádicos como camarera o dependienta. Como Lara, que prefiere que su nombre real no se haga público, son miles de alicantinos los que salen de las listas del paro en periodo estival y se enrolan en las filas del sector servicios para satisfacer la necesidad de mano de obra barata. Son los trabajadores eventuales, esos que cruzan los dedos para que suene el teléfono en temporada alta y asumen con resignación que el empleo estable sigue siendo para muchos una quimera en una provincia marcada por la estacionalidad de su sector estrella, el turismo vinculado al sol y playa.
Camareros, cocineros, limpiadores, monitores de tiempo libre, socorristas y personal ligado a las campañas comerciales y de rebajas como dependientes, reponedores o cajeros son algunos de los perfiles más demandados entre junio y septiembre. En pleno arranque de temporada todavía no existen datos del impacto que tendrá en el mercado laboral el efecto verano y la necesidad de cubrir vacaciones en 2019, pero el último dato aportado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social relativo a mayo fue aparentemente positivo: la Costa Blanca cerró el mes con un descenso del paro en todos los sectores. El desempleo bajó en 4.246 personas, más del 60% vinculado al sector servicios debido a la contratación veraniega en los negocios vinculados a la actividad turística. En total, había 143.023 personas desocupadas y más de 669.085 cotizantes, cifra esta última que roza niveles de antes de la crisis. Ahora bien, no cabe la euforia porque se trata de un empleo de menor calidad, más precario y volátil del que se generaba antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y la caída de Lehman Brothers.
Un análisis de los datos de 2018 permite hacer una radiografía del mercado de trabajo, vinculada históricamente a contrataciones condicionadas por la estacionalidad. Según la Unión General de Trabajadores (UGT) en la Costa Blanca se firmaron 689.112 contratos de trabajo el pasado año, de los que 612.139 fueron de carácter temporal. Entre los eventuales, casi el 73% estaban vinculados al sector servicios y, lo más llamativo: 148.600 contratos tenían una duración igual o inferior a siete días. Las cifras indican pues que son cientos de personas las que sufren inestabilidad laboral y encadenan contratos breves que los condenan a la fragilidad, la inseguridad y la escasez.
Detrás de la barra
Mario, que ofrece su testimonio a cambio de anonimato, como el resto de jóvenes que cuentan su historia en este reportaje, es uno de los que firmó uno de esos contratos temporales el pasado año. Trabajó los tres meses de verano como camarero en un bar de playa. Legalmente fue fichado para servir mesas durante 40 horas semanales, pero la realidad fue bien distinta, asegura el joven de 22 años.
«El contrato era de ocho horas, pero en hostelería, en la playa y en verano por el mismo sueldo trabajaba 10 horas al día. En ese sector nadie hace las horas que pone en el contrato realmente. Se acuerda verbalmente que vas a trabajar un montón de horas aunque lo legal sean ocho. Trabajas 72 horas a la semana y libras un día. Si hacía 12 horas me pagaban dos horas extra, porque lo pactado eran 10 horas diarias». Todo ello por un sueldo que rondaba los 1.200 euros al mes. Así lo hizo durante cuatro veranos mientras cursaba estudios universitarios.
Elena tiene 24 años y también comenzará en pocos días a trabajar en un bar de copas. La hostelería es su nicho de empleo cuando cierra la facultad y cambia los libros por la bandeja y la coctelera. Sostiene que sus contratos suelen ser verbales y cobra en función de las horas que echa. «Unos meses más y otros menos. La hora me la pagan a seis euros, en otros sitios me la han pagado a cinco e incluso a menos, y las extra depende. Hay jefes que las pagan y otros que no. En algunos bares me han pagado más por estar sin contrato como personal extra, que significa que vas de refuerzo cuando hay mucho trabajo», recalca la muchacha.
El 48% de los empleados de hostelería tienen contratos eventuales y el 30% jornadas parciales que en muchos casos se inflan con horas extra.
Según el informe «Análisis económico de la actividad del Turismo en la Comunidad Valenciana» elaborado por Comisiones Obreras (CCOO) el pasado año, el sector de la hostelería ocupó a 205.728 trabajadores en Valencia, Alicante y Castelló, de los cuales 157.574 eran personal asalariado. De entre este último grupo, 81.810 (52%) tenían un contrato indefinido, frente a los 75.764 (48%) cuya contratación era temporal, lo que evita que los empleados generen derechos e impide acumular antigüedad. Otro de los datos a destacar de dicho estudio es que el 70% tenía un contrato a jornada completa y el 30% a tiempo parcial.
La reciente normativa que obliga a registrar de manera efectiva la jornada de los trabajadores es una de las herramientas con las que se tratará de combatir ese tipo de fraudes a la Seguridad Social. Solo en el primer mes de aplicación del real decreto que lo regula, en mayo, la inspección abrió expedientes a siete empresas de la provincia por no tener operativo el control de jornada laboral. Ahora la Inspección se centra en comprobar la implantación del control horario y, en una segunda fase, se determinará si el registro se ejecuta correctamente y si existen horas extraordinarias.
La presión inspectora ha aumentado en el último año. Aún así, las centrales sindicales coinciden en que sigue siendo necesario combatir la precariedad y la estacionalidad implementando medidas que persigan el fraude en la contratación, algo que pasa inevitablemente por aumentar los recursos de la Inspección de Trabajo. Fuentes del Ministerio del ramo apuntan a este diario que en Alicante trabajan 57 inspectores, 95 en Valencia y 23 en Castelló.
Socorristas, monitores infantiles o personal ligado a piscinas y parques acuáticos son algunos de los expuestos a falsos contratos temporales que deberían ser convertidos en contrataciones del tipo fijo-discontinuo. Javi, de 37 años, ha trabajado durante seis veranos como personal de salvamento en playas de la Costa Blanca y sí ha mantenido un contrato como fijo-discontinuo, aunque reconoce que otros compañeros no han tenido esa oportunidad. «La ventaja es que sabes que cada temporada te van a llamar y tienes al menos esa estabilidad. Durante el resto del año puedes buscarte otros trabajos temporales y organizarte». En su caso, sí se cumplían las condiciones pactadas de 40 horas con dos días libres, pero en otros «te medio obligan a trabajar todos los días, incluso los de descanso, y realizar muchas de horas extra que a veces se pagan y otras te las devuelven después como días libres».
También los hay que aceptan condiciones de trabajo como socorristas en régimen laboral de autónomo, sobre todo en piscinas. Autónomos como son también la gran mayoría de repartidores de comida a domicilio, que se multiplican igualmente en temporada turística. Esta misma semana el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha informado que un juzgado de València ha reconocido en una sentencia la relación laboral existente entre 97 repartidores, conocidos popularmente como «riders», y la empresa Roodfood Spain SL, titular de la plataforma digital Deliveroo, tras una demanda de procedimiento de oficio interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social. El juzgado ha estimado que «los verdaderos medios de producción en esta actividad no son la bicicleta y el móvil que el repartidor usa, sino la plataforma digital de emparejamiento de oferta y demanda propiedad de la empresa, en la que deben darse de alta restaurantes, consumidores y repartidores y al margen de la cual no es factible la prestación del servicio».
Aunque los sindicatos animan a denunciar siempre las malas prácticas en el mercado laboral, todo apunta a que no resulta nada fácil para personas que dependen de los ingresos del verano para sobrevivir el resto del año en un mercado en el que la inestabilidad parece no tener fin para aquellos que viven atrapados en la espiral de contratos exprés de temporada.
