El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, intentó conseguir financiación para el hospital de Haití cuando había pasado a ser portavoz del PP en las Corts y ya había sido cesado como conseller. Un hospital que no llegó a construirse pero que iba a ejecutar la Fundación Hemisferio, escondida tras el paraguas de la ONG Esperanza sin fronteras.
Este intento de Blasco por seguir beneficiando a su empresario de cabecera, Augusto Tauroni, que capitaneaba la Fundación Hemisferio, hasta el último momento en el que mantuvo un cargo público se conoció ayer en la vigésimo segunda sesión del juicio contra él y 23 personas más que se celebra desde el 15 de abril en la sección quinta de la Audiencia de València.
La revelación se conoció gracias a la comparecencia como testigo de Francesc Gamero, actualmente secretario autonómico de Hacienda. Gamero fue subsecretario general de Cooperación cuando este departamento pasó a formar parte de la Conselleria de Justicia, tras suprimirse la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía que dirigió Blasco durante cuatro años. «El director general Josep Maria Felip recibió un sobre del anterior conseller para que se tramitara una línea presupuestaria para el Hospital de Haití en los presupuestos de 2012», reveló Gamero durante su declaración que se prolongó varias horas. La petición de Blasco cayó en saco roto porque, explicó Gamero, «tanto Felip como el conseller [en aquel momento Jorge Cabré, fiscal de profesión] tenían claro y estaban de acuerdo en que no procedía tramitar aquella petición», por lo que nunca llegó a crearse la línea presupuestaria.
Gamero también reveló el «interés de Josep Maria Felip, que fue mi jefe hasta que fue detenido el 23 de febrero de 2012, por distanciarse de la etapa anterior. Intentaba hacer ver que esta muy contento con el cambio [de conseller, de Blasco a Cabré] y de que el nuevo conseller fuera fiscal».
El exsubdirector general de Cooperación también tuvo que emplearse a fondo en explicar a las defensas cómo se hizo el cierre de los expedientes de subvenciones irregulares que se juzgan en esta segunda vista. Éste será el auténtico caballo de batalla de esta causa ya que, en función del dinero defraudado, se calculará la responsabilidad civil que deban pagar los condenados. Los acusados defienden que los trabajos se hicieron, pero la Generalitat reclama la totalidad de las subvenciones concedidas.
