El empresario de Xàtiva, Mariano López, negó ayer ante el juez del caso Taula haber blanqueado dinero, ni tan siquiera haber tenido conocimiento de cualquier actividad ilícita. El también exsuegro de Marcos Benavent, autoproclamado yonki del dinero, compareció ayer en el Juzgado de Instrucción 18 de València junto a su mujer, su cuñada y el empresario Fernando Palomares. Éste último es el propietario de Servimun, la empresa que se encargó durante dos años del servicio de atención telefónica tributaria de la Diputación de Valencia. Un contrato por el que los investigadores del caso Taula creen que medió Mariano López para que se adjudicara a su amigo Palomares, y por el que presuntamente recibió alrededor de 200.000 en presuntas comisiones a través de la empresa Técnicas Legales Administrativas, que figuraba a nombre de su mujer y cuñada.

Una supuesta actividad fraudulenta que los cuatro investigados negaron. Palomares explicó ante el juez del caso Taula y la Fiscal Anticorrupción que el empresario Mariano López ejercía de comercial de su empresa Servimun. Y que la Diputación de València no era su único cliente ya que ha tenido contratos de asesoramiento tributario con administraciones de toda España. Palomares también justificó que el contrato de Servimun con la Diputación de València se le adjudicó porque fue la oferta más ventajosa, según explican a Levante-EMV fuentes conocedoras de las declaraciones. Las dos mujeres declararon no saber nada de la empresa porque se dedicacaban a sus labores y a cuidar a sus nietos. La investigación sobre este servicio privatizado arrancó tras confesar el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, que el «call center» se adjudicó a la empresa Servimun presuntamente por la amistad de un funcionario de la Diputación de València, Salvador Deusa, con Mariano López.