12 de julio de 2019
12.07.2019

El PP en la corporación de Alicante cierra el mandato sin justificar el traspaso de medio millón

A cuatro días del relevo de César Sánchez, los populares terminan la legislatura sin aportar una sola factura

11.07.2019 | 23:48

Ni una sola factura justifica la asignación de dinero público que el grupo popular de la Diputación de Alicante ha transferido durante los últimos cuatro años a la cuenta provincial del Partido Popular. Son exactamente 466.000 euros en el mandato. Casi medio millón de euros que el partido ha recibido sin poder ser fiscalizados por los grupos de la oposición.

El palacio provincial acogerá el próximo martes una comisión extraordinaria de las dotaciones de los grupos políticos con un único punto para dar carpetazo al mandato antes de arrancar la nueva corporación: la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 28 de noviembre de 2018. Era la última oportunidad que el PP tenía de acreditar si esos gastos terminaron repercutiendo en la actividad de los populares en la institución. Sin embargo, el equipo de César Sánchez ha evitado presentar facturas y a tan solo unos días del inicio del nuevo mandato y de la investidura de Carlos Mazón como presidente en virtud del acuerdo alcanzado con Ciudadanos, el PP sigue sin dar a conocer públicamente a qué dedica la asignación que viene recibiendo desde el año 2015 de la diputación.

Durante los últimos años, la acreditación de las ayudas que recibía el PP como dotación del grupo se ha limitado a un certificado trimestral firmado por el vicepresidente Eduardo Dolón, también secretario provincial de partido y ahora mismo presidente tras la marcha de José Císcar, en el que ratifica que el grupo transfirió mediante un cheque las cantidades de dinero a actuaciones conjuntas realizadas por el partido y que corresponde a gastos indivisibles.

Para justificar el dinero recibido por el grupo popular de la Diputación Provincial, el PP emitió esta certificación pero sin aportar ningún tipo de documentación.

Compromís ha denunciado en varias ocasiones su disconformidad con los informes presentados y ha exigido garantizar con facturas el importe de lo aportado, acatando así la ordenanza de la institución, que obliga a que todo grupo político que derive a su partido parte de su asignación presupuestaria lo haga justificando un gasto conjunto durante el año en curso.

Con ese fin se creó en 2017 la comisión de fiscalización del martes, un órgano que somete al control de Intervención la contabilidad de cada grupo. Todos, excepto el PP, los grupos se comprometieron a emitir un informe y así poder valorar si existían irregularidades. El PP se justificó en que no iba a acreditar estos gastos porque era el Tribunal de Cuentas quien lo fiscalizaba.

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