El pleno del Consell ratificó ayer a 18 directores generales y un subsecretario de la nueva estructura del Botànic. Los nombramientos se suman a la veintena aprobada la semana anterior, por lo que todavía quedan por nombrar la mitad de las direcciones generales planificadas en la «arquitectura institucional», que ascendían a 84 sin la Abogacía ni la Intervención.
Ayer el pleno del Consell, reunido en Borriana como antesala al seminario de verano en Montanejos, escogió a 18 cargos del tercer escalón y al subsecretario de Justicia. Casi la mitad de ellos han sido altos cargos en la anterior legislatura y se mantienen en esta, bien en el mismo puesto o en uno similar. Es el caso de Bárbara Ramón, antes subsecretaria de Justicia con Gabriela Bravo y ahora directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia. Su puesto lo hereda Antoni Llorente Ferreres, exconcejal en la Vall d'Uixò por EUPV. La decisión la tomó la propia consellera Bravo y pese a formar parte del partido de Rosa Pérez Garijo, no se considera parte del mestizaje: de hecho, en EUPV aseguraron que no conocían las intenciones de la consellera.
Precisamente, de las cuarenta direcciones generales que aún no se han renovado, una décima parte corresponde al PSPV. Cerca de once directores generales todavía tienen que ser elegidos por el partido de Ximo Puig, que ayer no avanzó en los nombramientos. Fuentes consultadas señalan que el viaje a Bruselas del presidente ha retrasado la designación.
Precisamente llama la atención la falta de movimientos en Presidencia. Las secretarías autonómicas están cubiertas excepto la vacante que dejará José María Vidal en Comunicación, pero de las 12 direcciones generales de las que se compone el área de Puig, aún hay por designar nueve cargos. Será el próximo viernes, parece. Compromís y Unidas Podemos tienen prácticamente cubiertas todas las plazas que les corresponden por mestizaje. Se espera que parte de los directores generales que siguen en sus cargos los renueven. Si la designación del departamento cambia, habrá un nombramiento oficial. Si no cambia, se da por hecho su continuidad en la dirección.
Ayer se vio la tendencia en cargos como la directora general de Internacionalización en la conselleria de Economía Sostenible, Maria Dolores Parra, que mantiene el cargo, como Empar Martínez Bonafé, que seguirá al frente de Industria. Dado que el nombre del área que gestionan ha cambiado, el Consell publica su nombramiento.
Mientras, cerca de la mitad de los nombramientos que se produjeron ayer son nuevos. Concejales y profesionales en el sector que ahora pasan a la Administración autonómica, sin experiencia anterior en el ejecutivo. En Educación, Marzà contará con la directora del colegio público de educación especial Gargasindi, Raquel Andrés, para la Dirección General de Educación Inclusiva. La politóloga Marina Aparicio estará con Mónica Oltra en la vicepresidencia como coordinadora institucional.
El perfil político se deja ver en la conselleria de Rosa Pérez Garijo, quien ha fichado a dos concejales de EUPV para sendas direcciones generales de su conselleria. Maria Jesús Pérez, de Almoradí, gestionará Participación Ciudadana y José Ignacio Pérez Rico, de Elda, será el titular de Calidad Democrática.
Modificación del decreto
En pleno revuelo por el aumento de la estructura orgánica de la Generalitat, ayer se modificó el decreto de 2015 que limitaba el personal eventual a 74. Ahora el máximo se fija en 116 asesores y la modificación incluye la retribución salarial para cada uno de ellos: desde el conductor del presidente (36.768 euros) hasta el director de gabinete de los miembros del Consell (51.548 euros).
