Un excargo de Podemos en el Ayuntamiento de València, Rafael Monterde, admitió ayer en la vigésimo quinta sesión del juicio del caso Blasco que hizo de «agente doble» para la Conselleria de Solidaridad y para las ONG denunciantes de la presunta trama del desvío de las ayudas a países empobrecidos. Monterde declaró como testigo en una intensa comparecencia que se prolongó durante toda la mañana hasta pasadas las 15 horas ya que contestó a las tres acusaciones y todas las defensas.

El exgerente de las fundaciones municipales InnDEA y Crea a propuesta de València en Comú es un experto en experto en cooperación internacional a quien Pilar Collado pidió, según explicó Rafael Monterde, que elaborara unos criterios «objetivos» para evaluar los proyectos de cooperación. También colaboró en el análisis de los expedientes a través de la evaluadora Caaz.

Una colaboración que, a la vista de los correos incorporados a la causa, parecía mimetizada con los intereses de la Conselleria de Solidaridad que dirigía Rafael Blasco por las expresiones que utilizaba Monterde cuando intercambiaba mensajes con Marc Llinares, el exjefe del área de Cooperación al Desarrollo del departamento que dirigía Rafael Blasco, sugiriendo estrategias, por ejemplo, para afrontar la polémica suscitada por el hospital de Haití o los contenidos de notas de prensa.

Según Monterde hizo este papel de «agente doble» «porque no me interesaba que se pusiera en cuestión mi labor». Pero junto a su equipo de evaluadores descubrió que algunos proyectos analizados por ellos (cuatro de alrededor de unos quinientos) la valoración en la Conselleria de Solidaridad se había cambiado «al alza en los mejor valorados o a la baja en los peor valorados». Sólo una ONG bajo la órbita de las empresas de Tauroni aparecía entre estos expedientes modificados, aunque no recibió ninguna subvención en esta ocasión.

«Una lucha titánica»

Una situación que llevó a Monterde a tener «la intuición, la evidencia, las sospechas de que había habido modificaciones y sospechas de querer beneficiar a alguien». Aunque Monterde confesó que no acudió a la Fiscalía ni consultó con ningún jurista «por miedo. Un funcionario como yo, sólo, dar la cara en una cuestión de este tipo podía ser complejo dado el peso y el poder de las personas relacionadas con la conselleria. Me parecía una lucha titánica en la que no me veía capacitado. Y más cuando vez a otros funcionarios cómo han sido represaliados. No tenía fuerza personal para enfrentarme a eso», admitió durante el interrogatorio del abogado de la coordinadora valenciana de ONGD.

Aunque sí contactó con «gente del sector» y dos periodistas, entre ellos uno de Levante-EMV. «¿No le pareció una deslealtad?», le interrogó la abogada de Rafael Blasco. «Yo elegí estar en esa deslealtad para acabar mi trabajo y poder valorar si nuestras hipótesis eran ciertas», respondió Monterde.