La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana comunicó ayer a las Corts que no considera delito de odio la petición de Vox a las Corts sobre las subvenciones a entidades LGTBI. No obstante, la fiscal superior Teresa Gisbert sí que considera que esta petición de información, al estar referida «exclusivamente» a ese colectivo «puede constituir una forma de discriminación».
La fiscal superior de la Comunitat Valenciana recuerda en el escrito dirigido a las Corts que con la ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales en la mano la respuesta a esa reclamación de información «podría suponer desvelar la orientación e identidad sexual de los afectados, lo que podría implicar una intromisión en su intimidad».
Al descartar el delito penal, la fiscal superior archiva el expediente abierto y lo comunica al presidente de la cámara autonómica, Enric Morera, a los efectos oportunos. Se cierra así el episodio abierto el pasado 4 de julio, cuando la Mesa del parlamento acordó poner la petición de documentación de Vox en conocimiento de la Fiscalía para pedir el criterio de este órgano antes de acordar o no la remisión al Consell de la solicitud.
Tras la contestación de la consulta hecha por la Mesa a la Fiscalía, y una vez recibido el decreto con la contestación, Morera propondrá a la Mesa la tramitación de la petición, adjuntando el documento del Ministerio Fiscal, «para que el Consell lo tenga en cuenta a la hora de efectuar la contestación para no incurrir en discriminación ni en la revelación de datos íntimos», según ha informado la cámara autonómica en un comunicado.
La diputada de Vox Ángeles Criado, fue la que solicitó información sobre «subvenciones en relación al colectivo LGTBI en la Comunitat Valenciana».
