El Ministerio de Fomento ya prepara el retorno a manos públicas de los tramos de la AP-7 de Tarragona-València y València-Alicante, ambos propiedad de la compañía Abertis hasta que finalice su contrato, el próximo 31 de diciembre. Está previsto que los 419 kilómetros de autopista eliminen sus peajes y pasen a ser completamente gratuitos a partir del año 2020. El departamento, que dirige el valenciano José Luis Ábalos, está ultimando los detalles de las licitaciones para la construcción, mantenimiento y conservación de estos dos tramos una vez las vías vuelvan a ser propiedad del Estado.
Según fuentes de Fomento, la idea es dividir las concesiones en cuatro contratos. Si la nacionalización se celebra el próximo año, como se ha garantizado en varias ocasiones por parte de representantes del Gobierno central, supondrá el punto final a 53 años de peajes en la autopista AP-7, que tras más de medio siglo pasará a ser de titularidad pública.
La previsión es licitar los concursos públicos en los próximos meses de septiembre u octubre, con el objetivo de tener el tiempo suficiente antes de la liberalización de la autopista definitvamente a finales de año
Fuentes ministeriales han indicado que su objetivo es asumir la gestión de la AP-7 con todas las garantías cuando esta vuelva a ser gestionada por el Estado.
De esta manera, el Ministerio de Fomento pretende evitar situaciones como la ocurrida el año pasado en la AP-1 entre Burgos y Armiñón. La adjudicación de la autopista, antes gestionada por Itínere, venció el 31 de noviembre y el ministerio se vio obligado a recurrir a un contrato de urgencia. La decisión de recuperar la gestión pública, contraria a la del anterior Ejecutivo del Partido Popular, hizo que no fuera posible sacar a tiempo la licitación para su mantenimiento y conservación.
Podrían rondar los 150 millones
Fomento todavía tiene que decidir la duración de los contratos para la conservación de la AP-7, tarea que corresponde hasta final de año a Aumar, la concesionaria propiedad de Abertis, que es la empresa que explota por el momento estas autopistas.
El precio de la licitación tampoco está definido, por el momento. Aunque según publicó ayer El Economista, podría rondar la cifra de 150 millones de euros durante dos años, ya que es el precio indicado a finales de 2018 por el Ministerio de Fomento para la AP-1 entre Burgos y Armiñón.
Tras la AP-1 en 2018 y las partes de la AP-7 y AP-4 en 2019, le llegará el turno en 2021 a otros cuatro tramos de la AP-7 (La Jonquera-Montmelo, Montmelo-Papiol, Papiol-Tarragona y Papiol-Molins del Rei). Estas autopistas están gestionadas por Acesa, también propiedad de Abertis.
Las obras de mantenimiento, según ratificó hace unos días el secretario de Estado de Infraestructuras, Julián López, reforzarán el firme de la autopista ante el previsible incremento del paso de vehículos pesados. López también apuntó la redacción de estudios para determinados tramos, de modo que la carretera pase de dos a tres carriles en determinados puntos.
