19 de julio de 2019
19.07.2019
Polémica

La Junta de Desagüe ve "celo profesional exagerado" en la acusación de la Fiscalía

Fortea cree que hay "una mano negra" detrás mientras los pescadores del Palmar piden al Consell una gestión pública de las compuertas de l'Albufera

19.07.2019 | 00:08
Vista panorámica del Tancat de la Pipa, en el Parc Natural de l'Albufera.

Tras las diligencias abiertas por la Fiscalía Provincial de València por el «alarmante» descenso del nivel del agua de l'Albufera, la Junta de Desagües ha decidido pronunciarse. Su secretario, José Fortea, se muestra muy sorprendido con las medidas anunciadas por el ministerio público, y asegura que los agricultores no han causado «ningún daño ambiental» al lago. El responsable de este organismo cree que «hay una mano negra». «Parece que esto sea una declaración de guerra», sentencia, para añadir que «es incomprensible que la Fiscalía mantenga causas abiertas cuando venimos cumpliendo a rajatabla con los niveles».

Lamenta Fortea también que «con la Junta ha habido un celo profesional exagerado» e incide en que «todavía» no les han puesto ninguna multa y no ve «ningún sentido» sancionar su actuación. Cabe recordar que la Fiscalía pidió a la Conselleria de Medio Ambiente la imposición de multas coercitivas por el «alarmante descenso» de los niveles del agua de l'Albufera, así como el retiro de la gestión de las compuertas si fuera pertinente. Actuaciones que desde la Conselleria de Medio Ambiente, a través de su director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, Fran Quesada, se van a«respetar y, cuando entre un registro de entrada, actuar en función de lo que determinen».

Sin arrozales, no hay Albufera

Fortea, por su parte, se muestra tajante y afirma que no consentirán que les quiten la gestión de las compuertas. «Esto no es una amenaza, aquí los únicos que estamos amenazados somos nosotros», asevera, y recuerda que ellos deben ser los encargados de regular el nivel del agua porque «si no hay arrozales, no hay Albufera». Una afirmación con la que no comulgan ni los pescadores ni el exalcalde de Silla, Francesc Baixauili, quien ya interpuso una denuncia en 2016 por los bajos niveles de agua del lago.

Pepe Caballer, presidente de la Comunidad de Pescadores del Palmar, también se pronunció ayer sobre la polémica para asegurar que «la Junta ya debería estar abolida». «La Albufera es un lago público y debería estar dirigido por el poder público. Nadie se imaginaría que la Confederación Hidrográfica del Júcar fuera de gestión privada, y esto es lo mismo», razonaba Caballer, una de las voces autorizadas del lago.

Una reclamación con la que coincide Baixauli: «Un parque público como este depende del agua. Es una incongruencia, porque todo queda en manos de otros actores que, al final, lo único que hacen es perjudicar la viabilidad del ecosistema».

Pero Baixauli va más allás al acusa a la Junta de Desagüe de actuar deliberadamente: « Si no sabes lo que estás haciendo, pues vale. Pero aquí tenían una orden de por medio y sabían de sobra que no podían abrir las compuertas porque estar bajo mínimos perjudica al parque y a su entorno».

Niveles correctos ahora

Desde la conselleria de Medio Ambiente, por otro lado, aseguran que realizan un seguimiento diario de los niveles del lago e insisten en que actualmente están dentro de lo que marca la normativa. Pese a ello, sí reconocen que a finales de mayo «se registró un descenso del nivel, por el cuál se requirió a la Junta de Desagüe a ser diligente respecto al cumplimiento de la norma y al restablecimiento de los niveles» adecuados.

Desde la Junta califican de «lamentable» haber tenido que enterarse por los medios de las posibles sanciones a las que se enfrentan y se preguntan qué «intereses ocultos hay detrás de la denuncia», alegando que ellos no son los responsables del estado del lago, sino del desagüe al mar.

«Diez años como mucho»

En esta misma línea, Fortea reivindica la necesidad de que la Fiscalía «obligue al Ayuntamiento de València a tener l'Albufera arreglada», puesto que «si no se preocupan de limpiar, dragar y hacer motas en el lago, le quedan ocho u diez años, como mucho». El secretario de la Junta comenta que no se trata un problema de este equipo de gobierno, ya que, afirma, «el anterior tampoco hizo nada». Mientras tanto, Baixauli explica que «la corta perspectiva de los intereses sectoriales prevalecen sobre el bien común, que es la preservación del ecosistema, garante, en última instancia, de los sectores que de él dependen».

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