La Abogacía de la Generalitat no ve conflicto de intereses en la participación de Ximo Puig en la aprobación del decreto de regulación del Institut Valèncià de Finances (IVF) que avaló la posterior venta de la deuda del Grupo Zeta a Prensa Ibérica, la editora de Levante-EMV e Información de Alicante. Puig tiene desde 1982 una participación accionarial (hoy del 1,17 %) en Promociones y Ediciones Culturales SA (Pecsa), sociedad que edita Mediterráneo de Castelló y cuya mayoría accionarial está en manos de Zeta desde 1992. Prensa Ibérica adquirió el pasado mes de abril el citado grupo en una operación que incluía su deuda con los bancos públicos y privados.
Los préstamos del IVF eran en su origen de seis millones para una planta de impresión en Alicante. En 2009, bajo el gobierno de Francisco Camps, se integran en el pool bancario con toda la deuda de Zeta, pasando en ese momento el grupo a ser el deudor. Prensa Ibérica adquirió lo que quedaba de esa deuda (1,8 millones) con el IVF y que los informes consideraban «de dudoso cobro» por un 30 % del total, en la línea del tramo principal del acuerdo homólogo con la banca privada.
La operación con el IVF se firmó tras la aprobación del reglamento del banco público valenciano. Este decreto pasó por un pleno del Consell en el que Puig participó, actitud censurada por PP y Ciudadanos, que consideran que pudo incurrir en un conflicto de intereses.
Sin embargo, un informe de la Abogacía de la Generalitat, con fecha de ayer y presentado por la portavoz del Consell, Mónica Oltra, en la comparecencia posterior al pleno semanal, considera que «no procedía» que el president se abstuviera en la votación del decreto, porque se trata de una disposición general «dedicada a regular el régimen jurídico del IVF» y no un acuerdo de aprobación «de una determinada operación singular».
El Consell ha recurrido a la Abogacía para esclarecer si Puig, por ser propietario del 1,17 % de las acciones de Pecsa, debió abstenerse en la votación del decreto en cuestión. La respuesta del órgano jurídico es clara: no.
La Abogacía tiene en cuenta distintas consideraciones. Señala que el banco público recibió la oferta de Prensa Ibérica para comprar la deuda de Zeta el 15 de febrero de 2019, cuando el reglamento del IVF estaba en tramitación desde el 5 de septiembre de 2018.
Además, añade que la norma contemplaba «un número indeterminado de supuestos», por lo que no ve necesario que los miembros del Consell se tuvieran que abstener en la votación de la norma.
También se plantea si Puig pudo vulnerar la ley de Incompatibilidades de Cargos Públicos. Descartan esta posibilidad porque ni él ni sus familiares «han realizado funciones de dirección, asesoramiento o administración [en Pecsa] con anterioridad a la toma de posesión o con posterioridad».
El último supuesto que la Abogacía también descarta es haber caído en un conflicto de intereses real o potencial. Insiste en el mismo argumento: el decreto regulaba la actuación interna del IVF de manera general, por lo que no pudo existir dicho conflicto.
La vicepresidenta del Consell leyó diversos párrafos del informe que hizo público en rueda de prensa y se mostró convencida de que Puig comparecerá en las Corts cuando le convoquen. «En cuanto pongan la fecha, el presidente irá», garantizó.
