No visita mucho al médico, pero cada vez que lo hace le llega una factura. Si ha acudido a un centro de salud la factura es de 56,95 euros. Si lo han atendido en urgencias del hospital, el recibo sube hasta los 189,49 euros. A Levante-EMV presenta cuatro facturas, pero asegura que tiene «muchas más». No sabe a cuánto puede ascender su deuda porque no ha pagado ninguno de los recibos.
Se llama Gabriel Szabo, tiene 45 años, es de Rumanía, tiene NIE (con permiso de residencia), pero carece de tarjeta SIP. Y no hay manera de conseguirla. Le falta un papel de su país y solo puede conseguirlo previo pago de 275 euros, que no tiene. Pero ¿no es la sanidad pública, universal y gratuita? La teoría es que sí, pero, en la práctica, hay algunas lagunas en un sistema que sí atiende a todo el mundo, aunque luego le emitan una factura a unos pocos. Aunque esos pocos formen parte de un colectivo vulnerable.
Gabriel Szabo lleva en España 20 años. «Siempre he tenido buena salud así que no pedí el SIP. Me resfriaba de vez en cuando, acudía a la farmacia y me tomaba lo que me recomendaran. No bebo alcohol, no fumo y me he puesto malo muy poco, la verdad», explica.
Pero en 2016 tuvo una conjuntivitis por la que visitó el centro de salud, primero, y el hospital, después. Solicitó una tarjeta SIP, pero no puede ser. ¿El motivo? No tiene número de la Seguridad Social. No ha conseguido un contrato en 20 años. No ha sido dado de alta en el sistema durante dos décadas. Y sin número de la seguridad social no hay SIP.
Para este tipo de casos -personas que no tiene un número de la Seguridad Social- el sistema prevé la emisión de un documento parecido al SIP, pero que no exime de una sanidad gratuita. Así, la sanidad pública lo atenderá, pero como «paciente privado». Es más, desde la Agencia Valenciana de Salud indican que el «derecho a recibir prestaciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de Salud (INSS) -dependie nte del Minsiterio de Trabajo- tiene que acreditarse mediante alguno de los siguientes documentos oficiales: tarjeta sanitaria individual, tarjeta Muface-Isfas-Mugeju, documentos de la Seguridad Social, tarjeta Sanitaria europea y equivalentes, y formularios de convenios bilaterales que reconocen asistencia sanitaria».
Ahora bien, en el caso de que no se aporte ninguno de los documentos oficiales «esta Administración no puede tener constancia de su derecho a recibir asistencia sanitaria gratuitamente, por lo que usted accede al sistema sanitario público valenciano como 'paciente privado' según el artículo 16 de la Ley General de Sanidad, estando obligado a abonar el importe de la asistencia sanitaria y demás pestaciones que se le faciliten». Por ello, a Gabriel le dieron un documento que tiene la mima apariencia que una SIP, pero que le identifica como un «paciente privado» porque carece de número de la Seguridad Social. Con él funciona. Y con él se le acumulan las facturas. Sin embargo, Gabriel estaba decidido a conseguir una SIP y la trabajadora social de su centro de salud le instó a visitar la Asociación Rumana de València para que le ayudaran a conseguir la documentación necesaria. El primer documento que tiene que aportar es el denominado «certificado de no exportación», que acredita que el usuario no está cotizando en su país de origen.
«Corrupción absoluta»
Sin embargo, Gabriel pertenece a la provincia rumana de Iasi, que exige el pago de 275 euros para expedir el documento. «No se cómo ni de qué manera, conseguiría el dinero. Solo dos provincias de Rumanía exigen dinero y una es la mía. Es corrupción absoluta. Estorsión. No tengo dinero y no puedo conseguir el documento», explica, quien vive en un piso compartido por 300 euros al mes y trabaja «en lo que puede» cuando «alguien me llama».
