Pasados los días de las negociaciones, ofertas, órdagos y vetos, la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno se adentra ya en su tramo decisivo. Desde hoy y hasta el jueves se clarificarán las posiciones de cada grupo parlamentario ante la candidatura del líder socialista, determinando así el futuro político de un país paralizado desde hace más de cuatro meses. Un bloqueo institucional que afecta también a las autonomías, con la Comunitat Valenciana a la cabeza. Estas han visto cómo esa falta de Gobierno ha impedido que el proyecto de presupuestos para 2019 sea aprobado, poniendo así en jaque el equilibrio de las cuentas autonómicas elaboradas a partir de esas previsiones nacionales. En total, se estima que el montante que el conjunto de las autonomías dejaría de ingresar en este ejercicio al no recibir las entregas de Hacienda a cuenta del sistema de financiación rondaría los 5.000 millones de euros.
El primero de los varapalos para las arcas regionales se concretó a finales de la pasada semana, cuando se dieron por perdidos los 2.500 millones de euros que Hacienda debía repartir este 2019 entre las comunidades por la revisión del Sistema de Información del IVA (SII). El Ministerio de María Jesús Montero no lo ha oficializado, pero reconoce «complicado» que el reparto de esta suma pueda concretarse. En su opinión, «los presupuestos incluían la solución al problema generado por el anterior Gobierno», pero la ausencia de Ejecutivo y la casi segura imposibilidad de aprobar las cuentas durante el actual ejercicio hace «menores» las opciones de solucionar esta revisión en el reparto del impuesto.
«Condenada a incumplir el déficit»
Solo esta consecuencia derivada de la ausencia de mando en España le cuesta a la Comunitat Valenciana 281 millones de euros y la consiguiente tensión financiera que provoca no contar con unos ingresos que se creían garantizados pero que el panorama nacional de bloqueo político ha frustrado. El propio conseller de Hacienda, Vicent Soler, ya admitió tras conocer la noticia que la Comunitat «sigue condenada a incumplir el objetivo de déficit» mientras no haya un cambio en el sistema de financiación. Una opinión compartida por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que incluyó a la valenciana en su lista de comunidades cuyas cuentas deben ser «tuteladas» por Hacienda ante la previsión de que la Comunitat cumpla con su objetivo de estabilidad del 0,1 % del PIB en 2019.
Pero las consecuencias de estos meses de incertidumbre y desgobierno han enterrado las opciones de que las cuentas, que incluían mejoras en la financiación de la Comunitat, vean la luz este año. Más allá de los 281 millones de la revisión del IVA, los presupuestos de Sánchez incluían más de 1.200 extra para las arcas autonómicas. El Consell de la anterior legislatura contaba con recibir esos 450 millones que incluían los presupuestos por la mejora de la financiación tras ser revisados los datos económicos.
Asimismo, la Generalitat preveía otros 373 millones adicionales para afrontar la deuda de la Marina así como ingresar los 344 millones que la Administración Central debe a la Comunitat por el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) -la atención sanitaria a los pacientes desplazados-.
