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Los funcionarios se hacen mayores

Más del 43 % de los trabajadores de la Administración en la Comunitat Valenciana superan los 50 años, lo que provocará la jubilación de cerca de 102.000 empleados públicos en los próximos 15 años, según cálculos de Comisiones Obreras

Los funcionarios se hacen mayores

Las plantillas de las administraciones están cada vez más envejecidas. La congelación y el recorte de personal durante los años de la crisis, que ha frenado la entrada de nuevos trabajadores, ha llevado a que en la actualidad hasta el 43,3 % de los ocupados en el sector público en la Comunitat Valenciana supere ya los 50 años de edad, lo que significa que en los próximos 15 años se jubilarán cerca de 102.000 empleados públicos en toda la autonomía. La alerta la ha lanzado la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC OO, que ha estudiado la situación de los trabajadores públicos en todo el país, a través de los datos desglosados de la Encuesta de Población Activa (EPA). Un trabajo que pone de relieve la aceleración que ha experimentado este proceso de envejecimiento de los empleados públicos desde el estallido de la recesión. Así, en apenas una década, desde 2008, el porcentaje de empleados mayores de 50 años ha pasado en todo el país del 28,6 % al 43,4 %, una diferencia de casi 15 puntos.

Por contraposición, cada vez son menos los profesionales que logran entrar en la Administración antes de cumplir los 30 años. Si en 2008 suponían el 12,1 % de la plantilla, en la actualidad apenas suman el 6,5 %, de acuerdo con las mismas fuentes.

Diferencias entre comunidades

Aunque se trata de un problema generalizado, son las comunidades del interior y del norte peninsular las que presentan los peores datos. Así, en Castilla y León ya son más de la mitad -el 50,5 %- los funcionarios que superan la cincuentena. En Asturias suman el 49,3 %; en Cantabria, un 46,6 %; en Galicia y el País Vasco, el 46,2 %; en Aragón, otro 46,1 %; y en Canarias, un 44,6 %.

Por el contrario, las autonomías con las plantillas más jóvenes son Ceuta, donde sólo un tercio de los empleados públicos se sitúa por encima de los 50 años; Baleares, con un 35,4 %; y Cataluña, con un 35,9 %. La Comunitat Valenciana se coloca en una posición intermedia, con el citado 43,3 % de personas en edad más avanzada y sólo un 7,3 % por debajo de la treintena.

La situación también es mala si se compara con el resto de países desarrollados. España está como el tercer país con el funcionariado más envejecido de toda la OCDE, tan sólo por detrás de Italia e Islandia. El propio documento de CC OO apunta que una de las causas del problema hay que buscarla en la evolución histórica del país. Así, recuerda que fue durante los años ochenta cuando se desarrollaron las estructuras del Estado del Bienestar y también del modelo de organización autonómica, lo que llevó a la contratación masiva de empleados públicos. La plantilla de las administraciones pasó de unos 700.000 trabajadores en el año 1977 a 1,9 millones a finales de los años ochenta. Un personal que ha ido envejeciendo con el paso del tiempo y que es ahora el que conforma ese colectivo de mayores de 50 años.

Sin embargo, este proceso natural se ha visto notablemente acelerado por los recortes impuestos durante los años de crisis para controlar la desviación del déficit y, especialmente, por los límites establecidos a la denominada tasa de reposición de los funcionarios, que sólo permitía sustituir a un pequeño porcentaje de entre el 10 % y el 25 % de los trabajadores públicos que se retiraban. El balance de estos ajustes ha sido la desaparición de más de 8.000 empleos públicos en la Comunitat Valenciana, donde los empleados públicos han caído de 243.199 a 235.073, según los datos del Registro Central de Personal que elabora el Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, tal como apunta desde la FSC de CC OO, Juan José Noguera, también ha dejado otros problemas. El primero es el elevado grado de interinidad, que llegó a rozar el 30 % del empleo público y provocó que miles de trabajadores se eternizaran en esta situación, sin lograr nunca una plaza definitiva. El denominado Acuerdo para la Estabilización del Empleo Público alcanzado entre los sindicatos y el Gobierno permitirá atajar este problema en los próximos años, con la salida a concurso de gran parte de estas plazas, con la vista puesta en el objetivo de reducir por debajo del 8 % los ocupados temporales del conjunto de administraciones.

Algo que, por ejemplo, la Generalitat estará muy cerca de conseguir con las convocatorias de empleo público aprobadas, según CC OO. Fruto de este pacto, el Consell ya ha anunciado 11.819 plazas en sanidad en las convocatorias de 2017 y 2018; alrededor de 13.000 para el periodo 2018-2020 en educación y unas 6.000 en la función pública, según el sindicato.

No obstante, aunque se vaya a reducir la temporalidad, seguirá presente el otro gran problema: el riesgo de un proceso «masivo» de jubilaciones en los próximos años. El levantamiento de las tasas de reposición en sectores como la justicia o la docencia aliviará algo la situación, pero desde el sindicato dudan de que el ritmo actual sea suficiente, como apunta el responsable autonómico de la FSC, Juan Cruz.

Pérdida de capital humano

Además, hay que tener en cuenta la pérdida de capital humano que se producirá, ya que, aunque se logre sustituir en plazo a los que se retiren, sus sucesores no habrán tenido tiempo de adquirir la misma destreza ni los mismos conocimientos, tal y como apunta el catedrático de Historia Económica y director del Instituto de Economía Internacional de la UA, Antonio Escudero.

«En los empleos que no requieran cualificación no se notará, pero en aquellos que necesitan de un conocimiento específico, como ocurre con muchos funcionarios de alto rango, se producirá inevitablemente una caída de la productividad», señala el experto, que pone el ejemplo de las propias universidades, donde muchos departamentos tienen a todos sus titulares muy cerca de la jubilación «y no hay cantera para sustituirles».

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