Que los servicios sociales están saturados es una realidad. Pero no lo es que el motivo del colapso sea la atención a la población migrante. De hecho, las intervenciones de servicios sociales sobre la población española triplican las de la población extranjera. Así lo asegura el informe jurídico-social sobre la situación de las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana, realizado por la Universitat de València y desmonta el bulo de que los servicios sociales sean un recurso masivo que los inmigrantes emplean dada su vulnerabilidad. Es más, el informe asegura que, respecto a los servicios sociales, la población inmigrante «está en desventaja, como también lo está en el sistrema sanitario o educativo» y que el colectivo está «infra-atendido».
En el apartado que dedica el informe a las intervenciones de servicios sociales realizados con población extranjera, los expertos destacan que aunque las cifras «no son exactas -ya que los ayuntamientos han ido incorporando progresivamente los datos en una aplicación informática homologada para desarrollar la denominada 'ficha social'- «sí se acercan muy significativamente a los globales». Tras la aclaración pertinente, el estudio asegura que se ha podido comprobar «que las intervenciones de prestación de información y orientación que han tenido como destinatario al colectivo inmigrante no alcanza el 9,5 %, lo cual revela que este colectivo estaría infra-atendido dado que su proporción sobre la población total de la Comunitat Valenciana se aproxima al 16 %».
Además, los expertos analizan la evolución del uso de los servicios sociales por la población extranjera y aseguran que la creencia de los inmigrantes acaparan los servicios sociales «está más cerca del mito que de la realidad» aunque consideran que las críticas de la población autóctona «aunque sean infundadas deben tenerse en cuenta puesto que algunos sectores perciben a los inmigrantes como competidores potenciales ante los recursos que se brindan desde los servicios sociales».
Así, recalcan que tras la «constatación de una creciente vulnerabilidad de la población inmigrante en los últimos diez años, debido a la crisis económica y a los recortes presupuestarios, especialistas en el ámbito de los servicios sociales apuntan la necesidad de mejorar los recursos destinados a favorecer su integración. Indudablemente, este escenario representa un importante desafío para las políticas sociales».
Interpretación de los datos
Ahora bien, el informe destaca que los datos extraídos de la «ficha social» que elabora el personal técnico de la Unidad de Trabajo Social, a través del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (Siuss), ofrecen información complementaria, «aunque presentan la limitación de que una persona pueda estar computada tantas veces como intervenciones haya requerido».
Así, el análisis pone de manifiesto que, en mayo de 2017, el 25 % de los casos acumulados en los que se registra la nacionalidad corresponden a extranjeros, «lo que denotaría una sobre-representación de la población extranjera». Justo lo contrario del colectivo «infra-atendido» que se denuncia en el mismo informe.
Ante la discrepancia entre las cifras de las prestaciones básicas de servicios sociales (PBSS) y las de sistema de información (Siuss) el informe destaca tres explicaciones alternativas: «la discrecionalidad de los profesionales de trabajo social en la producción de datos, que provocaría que un cierto número de intervenciones con población inmigrante haya sido clasificada en otra categoría de intervención; que en la población inmigrante sea más frecuente que una misma persona acuda en varias ocasiones a los servicios sociales; la utilización, por parte de los inmigrantes, de otros recursos específicos que ofrecen información y asesoramiento como es el caso, particularmente, de las Agencias Amics (ahora denominadas Oficinas de Atención a Personas Migradas)».
