La accesibilidad universal es una quimera en la Comunitat Valenciana, a pesar de las leyes, los tratados, los convenios y las buenas intenciones. Sin embargo, los colectivos siguen trabajando para que las personas con diversidad funcional dejen de ser «ciudadanos de segunda» y exigen a las Administraciones que eliminen las barreras existentes y lo hagan cuanto antes.
En esa línea de reivindicación se sitúa la reunión que ayer tuvo lugar entre el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi CV) -representado por su presidente Luis Vañó y la asesora jurídica de la entidad, Mónica Aguado- ; y el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana, Arcadi España, quiene adquirió el compromiso de «garantizar la adecuación de las infraestructuras a las necesidades de las personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana».
El compromiso llegó tras la petición del Cermi de que la Generalitat reclame el traspaso de las competencias de gestión de la red de Cercanías, «de manera que resuelva con la adecuada inversión estatal y autonómica los resolver los problemas de accesibilidad universal en las estaciones de la Comunitat Valenciana y sus entornos próximos».
Además, desde el Cermi aseguraron ayer que es «urgente» la regulación legal del régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana ya que «tras la aprobación del Estatuto de las personas con discapacidad y cuando apenas quedan cinco meses para finalizar el plazo marcado para conseguir la accesibilidad universal -y ponerse al día con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- no se tiene todavía incoada tramitación de norma alguna».
La entidad también planteó como «necesidad urgente» ampliar la moratoria en la ley del Taxi de la Comunitat Valenciana, para incrementar la cantidad de taxis adaptados, «sobre todo en la ciudad de Valencia, para llegar hacia el 5% de taxis adaptados».
Todas las propuestas giraron en torno a la «necesidad» de aprobar una Ley de Garantía de Accesibilidad Universal de la Comunitat Valenciana «de última generación, que actualice el marco normativo en esta materia, con arreglo a los principios y tendencias más innovadores y recoja todas las órdenes, decretos y planes de accesibilidad de la autonomía».
De hecho el presidente del Cermi, Luis Vañó, aseguró que con la aprobación de una ley autonómica en materia de accesibilidad universal «se unirían todas las áreas afectadas por el principio de accesibilidad universal y no sólo la urbanística, de espacios públicos y naturales. La importancia y necesidad de aumentar el nivel de accesibilidad (física, sensorial, intelectual y cognitiva) de los espacios, productos y servicios no se deriva de una sola causa principal y poderosa, sino de una combinación de razones que se tienen que condensar en cuatro líneas argumentales y que son, el e?tico-poli?tico (no discriminación), el legal-normativo (exigencia legal), el demográfico (aumento de beneficiarios) y el económico (rentabilidad social)».
