Una técnica en el área de «monitoreo y evaluación de proyectos» en el área de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat desde junio de 2010 al 28 de febrero de 2013 asegura que abandonó su trabajo cuando el departamento ya no estaba dirigido por Rafael Blasco porque «empezamos a sentir que no éramos bien vistos» y comenzó a recibir «comentarios racistas hacia mi como 'sudaca de mierda', cuando evaluábamos un proyecto y, al ver que no cumplía, pedíamos que se le retirara el dinero». Un comentario que, según denunció la testigo, le hizo otro técnico de cooperación que declaró como testigo en la primera causa, J. J. I. y al que también acabó denunciando por conductas «racistas» en la Universitat de València. En 2013 el área de cooperación ya no formaba parte de la Conselleria de Solidaridad (desaparecida en 2011) y pertenecía a la Conselleria de Justicia entonces dirigida por Serafín Castellano.

El testimonio de la especialista en cooperación J. L. M. N. cerró ayer la ronda de testigos que han desfilado durante las 28 jornadas del juicio del caso Blasco que se celebra desde el 15 de abril ante la sección quinta de la Audiencia de València. Su testimonio se esperaba porque hasta ahora se la había mencionado como una especie de «marioneta» del exjefe del área de Cooperación, Mac Llinares, colocada para reducir el control de los becarios de cooperación que visitaban los proyectos. Por el contrario, J. L. M. N. expuso al tribunal que trabaja en cooperación desde los años 90 en Perú, su país de nacimiento, experiencia que amplió con tres másters en Alicante, Madrid y València. Y detalló de forma concienzuda las irregularidades detectadas por varios becarios en Perú y El Salvador que «comuniqué al jefe de servicio y al director». O la precariedad con la que trabajaban algunas ONG que lograron grandes subvenciones durante la etapa de Rafael Blasco. «Conocían poco del mundo de la cooperación y no tenían capacidad técnica, ni siquiera sedes. En una visita que hice a una ONG en Castelló me recibió una señora en su salón con cinco gatos», declaró. La testigo J. L. M. N. también desveló la rivalidad entre dos técnicos evaluadores que pugnaban por hacerse con el contrato de las evaluaciones de cooperación al desarrollo.

La 28ª sesión del caso Blasco, que debe finalizar el próximo viernes, comenzó con el testimonio de otra asistente técnica de la Conselleria de Solidaridad de 2008 a 2010, A. T., quien confirmó su sorpresa al ver cómo comenzaban a obtener ayudas ONG «con poca experiencia y poca estructura» que presentaban «proyectos iguales pero en sitios diferentes» y que, al requerirles documentación, «siempre nos contestaba una persona de la Fundación Entrepueblos/Hemisferio, que no aparecía en la solicitud». A. T. cofirmó que cuando Levante-EMV comenzó a publicar los datos del escándalo «nos acusaron, nos presionaron y retiraron el acceso a los expedientes y las bases de datos. Incluso en una reunión la jefa de servicio Lola Escandell dijo que iban a rodar cabezas», declaró mientras la aludida negaba ostensiblemente con la cabeza.

Por último, también declaró en calidad de perito el inspector coordinador de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, F. A. J., quien tras examinar las cuentas corrientes y datos fiscales de las empresas investigadas en esta trama concluyó en un informe aportado a la causa que algunas mercantiles como Chust Alzira, Matuscas SL y Gestión Solar Pobla SL eran «empresas instrumentales». Una conclusión a la que llega que el inspector de la AEAT porque «tenían una pobre estructura administrativa, era difícil encontrar sus domicilios, sólo tenían una cuenta, no declaraban clientes ni proveedores y no tenían trabajadores».