El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha condenado a la Generalitat Valenciana a pagar al fondo de inversiones Lazora la suma de 1.247.227, 2 euros, más los intereses de demora, por una subvención de promoción de viviendas protegidas para arrendamiento. Una ayuda pública que la sociedad inmobiliaria reclamó en su día a la conselleria que entonces dirigía la popular Isabel Bonig, y por la que recibió correos electrónicos reconociendo su derecho a percibirla, aunque nunca una respuesta formal escrita.
El Ministerio de Fomento sí envió a la Generalitat en fecha de julio de 2014 su parte de las ayudas, que ascendía a 871.436 euros. Sin embargo, la administración autonómica no satisfizo a Lazora SA ni la parte estatal, ni la propia, tal como refleja la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV. Ahora, cinco años después, la Dirección General de Vivienda, con Rubén Martínez Dalmau (Podemos) de conseller, es la que tiene que hacer frente al pago.
Los hechos se remontan a 2011, cuando la Generalitat autorizó la transmisión por parte de la mercantil Lubasa a Lazora SA de una promoción completa de 67 viviendas protegidas en arrendamiento con opción a compra, acogidas al programa hábitat-joven, en la avenida Gregorio Gea, en Mislata. Las ayudas a percibir eran relativas al Plan estatal de vivienda y rehabilitación 2005-2008 y tenían como objetivo la promoción de viviendas protegidas para el alquiler de Renta Básica a diez años. La sentencia del TSJ es firme y no cabe recurso, por lo que antes de agosto la Conselleria de Vivienda tendrá que abonar la cantidad resultante cuando se calculen los correspondientes intereses de demora.
Sin alternativa habitacional
Lazora es el fondo de inversión que estos días está desalojando a vecinos de una finca de Aben Al-Abbar, en el barrio de Albors. Los 63 afectados firmaron distintos contratos de alquiler con el grupo Enero 97 SL, que después vendió el edificio a Lazora, con más de 7.000 viviendas por España, y muy conocido por la compra de vivienda pública en Madrid.
Lo cierto es que a los arrendatarios se les está comunicando, vía burofax, que se no se les prorrogara el contrato cuando este llegue a su fin, tal como publicó Levante-EMV en su edición del pasado 22 de julio. La compañía, a preguntas de este periódico, solo especificaba que tiene en marcha «un plan de rehabilitación integral del edificio». La realidad es que el mismo fondo que ahora percibirá más de 1,3 millones por unas ayudas públicas para viviendas protegidas de arrendamiento es el que va a dejar a inquilinos sin alternativa habitacional. Lazora reclamaba 1.457.397,36 euros más los intereses de demora por las 67 viviendas protegidas para alquiler, aunque el TSJ tumba la pretensión acogiéndose a un informe de la Abogacía de la Generalitat al excluir cuatro inmuebles sin visado de contrato.
