La Audiencia Nacional celebró ayer el juicio por el baremo de las bolsas de À Punt que denunció la Unió de Periodistes al entender que se discriminaba a los profesionales que no habían trabajado en Canal 9. Sin embargo, la Fiscalía pidió la desestimación de la causa al entender que no se produce tal discriminación en la puntuación de los extrabajadores y los nuevos aspirantes.

Se trata de un cambio de criterio por parte del Ministerio Público. El anterior titular de la Audiencia Nacional, en la cita de junio, comunicó a los abogados de la Unió de Periodistes que compartía la tesis de que el baremo para acceder a las bolsas temporales beneficiaba a los profesionales que habían trabajado en Canal 9, como comunicó a los abogados de las partes. El cambio de parecer llega a las puertas de concluir el recorrido judicial ya que ayer la causa quedó vista para sentencia.

El fiscal alegó que la diferencia de puntuación entre un extrabajador y un nuevo aspirante «no es tan desproporcionada» como para constituir una vulneración del derecho constitucional a los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la Administración Pública. Esta misma postura es la que defienden los abogados de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació así como la Abogacía de la Generalitat.

En este caso, el órgano añade que À Punt es una sociedad anónima y no una empresa pública, por lo que no tiene por qué responder a las normas de acceso de la función pública. Menos aún ahora, cuando las bolsas de empleo son temporales hasta que se produzca la convocatoria pública de empleo.

En el caso de Intersindical, que intervino en defensa de los profesionales de À Punt, alegó que la mayoría de reclamaciones contra la bolsa temporal han sido interpuestas por los propios extrabajadores. En el caso de CCOO, pidieron archivar la demanda porque el procedimiento había «caducado».

Mientras,la Unió de Periodistes no quiso valorar el juicio de ayer hasta que no haya una sentencia que resuelva la causa.

El juicio estaba previsto que se celebrara en mayo, pero la Audiencia Nacional lo suspendió para poder dar opción a los cerca de 400 trabajadores con los que cuenta el ente para personarse en el proceso en calidad de perjudicados. Ayer no se hizo referencia a cuántos de ellos habían querido participar en la causa después de que la radiotelevisión no avisó a los trabajadores de esta posibilidad en abril. El juicio tuvo que posponerse un mes más hasta que la sala de lo Social de la Audiencia Nacional comunicó que era competente para juzgar la causa.

La causa ha estado desde febrero en el aire, después que la titular del Juzgado de los Social número 5 de València se declarara incompetente para llevar la causa judicial.

Los sindicatos de la radiotelevisión y la Abogacía de la generalitat entendían que el recurso de la Unió afectaba a profesionales de À Punt cuyo lugar de trabajo está en Madrid, Barcelona, Castelló y Alicante y no solo en València, por lo que el juzgado valenciano no tenía competencias. Sin embargo, en la Unió de Periodistes consideraban que todos ellos dependían en última instancia de la sede central en Burjassot.