24 de julio de 2019
24.07.2019
Irregularidades

Un informe previo al hospital de Haití copió 21 de 36 páginas de internet

El interventor del Estado Joaquín Falomir desgrana durante seis horas las irregularidades que encontró en las ayudas adjudicadas de 2009 a 2011

23.07.2019 | 23:40
Joaquín Falomir, tras declarar en el TSJCV por el Caso Blasco en 2011.

La vigésimo novena sesión del juicio del caso Blasco estuvo íntegramente dedicada ayer a la comparecencia del interventor del Estado, Joaquín Falomir, para que ratificara como perito los cinco informes que elaboró sobre los contratos de 2009, 2010 y 2011 que la Conselleria de Solidaridad adjudicó a las ONG de la presunta trama.

Falomir desgranó con precisión quirúrgica y prodigiosa memoria las irregularidades que encontró al analizar los expedientes como las empresas que crearon la Fundación Entrepueblos/Hemisferio y que después «se autocontrataban: fundadores y proveedores facturaban y cobraban». Además, las pequeñas ONG captadas por Hemisferio contrataban siempre a las mismas empresas «lo que era raro», algunas sin medios ni trabajadores para realizar los trabajos y otras ubicadas en Estados Unidos. Con el curioso detalle del «pronto pago» por parte de la Conselleria de Solidaridad. «Cobraban con inmediatez al inicio del proyecto y, una cosa extraña, se producían amplísimos pagos [a los proveedores] nada más recibir este dinero», explicó en respuesta al Fiscal Anticorrupción. Con el añadido de que algunas de estas empresas contratadas como proveedoras, algunas en EE UU y otras pequeñas y sin capacidad de contratación «no hay credibilidad de que hicieran los trabajos», respondió al letrado de la CVONGD. El interventor también fue categórico

También desgranó la veracidad del informe previo a la construcción del hospital de Haití, que nunca se llegó a ejecutar: «De las 36 páginas, 21 estaban copiadas de internet y las fotografías que se aportan están extraídas de Google Earth», aseveró Falomir sobre el trabajo facturado por la empresa Matuscas SL a la Fundación Entrepueblos/Hemisferio.

Aunque las defensas intentaron restar validez a sus conclusiones al incidir en que no tuvo acceso a los expedientes puestos en duda en esta causa ya que, como confirmó el interventor, «sólo examiné la información que su señoría [la titular del Juzgado de Instrucción 21] consideró oportuno que yo tuviese». Otra frase del interventor dio alas a las defensas en su guerra contra la responsabilidad civil que se ha de determinar en esta causa. «Según la ley de subvenciones, la administración debería parar sus actuaciones hasta que no se produzca la finalización del procedimiento penal», aseguró.

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