Vox ha solicitado documentación en las Corts sobre los Menores Extranjeros No Acompañados (mena) que la Generalitat Valenciana ha acogido en los últimos cinco años ante el «aumento significativo de la delincuencia» así como «el incremento de detenciones» dentro de este colectivo.
Así, la formación ultra pide a la Mesa de las Corts los datos del número total de menas bajo custodia de la Generalitat desde el año 2015 y hasta junio de este ejercicio junto a «todos los informes» emitidos por los centros en los que residen estos menores que recojan «altercados, incidentes, deficiencias y seguridad». Esta petición la han hecho extensiva a los cuerpos de Policía Nacional y Autonómica, a quienes también solicitan «todo lo relativo a los menas, centros de acogida, incidentes, delincuencia e intervenciones de los últimos cinco años», así como «las estadísticas de los índices de delincuencia e inseguridad suscitada en las proximidades de los centros de menores».
El motivo que alega Vox ante el requerimiento es «saber si la Generalitat ha velado por los trabajadores de los centros de menores», «conocer las herramientas de seguridad puestas al servicio» de este colectivo y saber si «el aumento de menores en los centros» ha ido acompañado de un «refuerzo» en las plantillas.
Otro aspecto que inquieta al partido ultra es la «adaptación» de los menores migrantes no acompañados «a nuestra cultura y costumbres». Al respecto, ha instado al Consell a responder sobre los planes de actuación que prevén «una vez hayan cumplido la mayoría de edad y dejen de ser potestad de la Generalitat» así como «cuánto cuesta al mes a los valencianos el mantenimiento de cada menor extranjero». Para la formación, «el auge de la inseguridad y la impunidad» son «determinantes para que se produzca el 'efecto llamada'», «especialmente entre los menas». Pese a estas afirmaciones, Vox asegura que no busca «criminalizar ni generalizar».
«Irregularidades» en Extranjería
En paralelo, el Defensor del Pueblo trasladó ayer a la Fiscalía la «irregularidad» de varias actuaciones de la Oficina de Extranjería de Valencia con un menor no acompañado tras una denuncia presentada por el letrado Francisco Solans. El Defensor del Pueblo trasladó al Ministerio Público las «graves consecuencias» de las actuaciones, que ahora deberá «analizar e investigar» si ha habido delito por parte de la oficina al no conceder al menor la autorización de residencia que alegan le corresponde. Solans critica que la oficina «viene manteniendo una interpretación burda» de la ley.
