«Nunca he formado parte de ninguna trama delictiva, nadie puede atestiguarlo porque no puede haberlo. Una cosa es acusar y otra difamar», ha asegurado el exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, que ha hecho uso de su derecho a decir la última palabra en la 33ª sesión y última del juicio que lo ha sentado tres meses en el banquillo de los acusados.

El exconseller ha defendido durante una exposición que se ha prolongado durante casi veinte minutos la línea de su abogado de la defensa, Javier Boix, de que este nuevo juicio es causa juzgada porque se han repetido los mismos testigos, hechos, pruebas y ONG. "Durante semanas este juicio ha sido un remedo de moviola de hace ocho años", ha asegurado en referencia al juicio de la primera pieza celebrado en 2014. Blasco ha explicado que ha aceptado el escrito de conformidad pactado con la Fiscalía "con todo el dolor de mi corazón" pero al mismo tiempo ha negado haber participado "en ninguna irregularidad administrativa en los expedientes de cooperación". El conseller se ha declarado "insolvente total" porque ya tiene embargada dos propiedades en la Barraca d'Aigües Vives y ha tenido que entregar un bajo "propiedad de mi hija porque no me queda patrimonio".

También ha hecho uso de su derecho a la última palabra el empresario Augusto Tauroni, quien ha aprovechado para pedir "disculpas" a su mujer, sus padres, su hermano Arturo (también juzgado) y a todas las ONG que se han visto salpicadas por el juicio "e involucradas contra su voluntad" y a "la sociedad valenciana por defraudar las expectativas y a los agentes de cooperación honestos, que los hay". Tauroni ha admitido haber cometido errores, "pero ni se me pasaba por la cabeza no cumplir con lo que me había comprometido. Mi craso error fue llevar la actitud empresarial a un sector sensible como el de la cooperación". También pidió "disculpas a la sociedad en general" su hermano, Arturo Tauroni, quien lamenta que su peculiar apellido "se haya convertido en un problema porque nos trataban como a los Soprano".

Por su parte, Marc Llinares, exjefe de Cooperación en la Conselleria de Solidaridad también ha pedido "disculpas" por todo lo sucedido. "No era consciente de la trascendencia de lo que estaba sucediendo", aunque ha defendido la honestidad del proyecto que impulsaron del Hospital de Haití, que llegó a contar con el beneplácito de la fundación de Bill Clinton.

La subsecretaria general administrativa de Blasco, Tina Sanjuan, también ha aprovechado su último alegato para admitir que "he cometido errores, pero la justicia se ha excedido conmigo: tras tres años y ocho meses en la cárcel he pagado con creces mis errores y quiero terminar con esta pesadilla".

El periodista y cooperante Fernando Darder también ha defendido que "nunca me he llevado dinero de la cooperación. He sido un crack de la cooperación de la emergencia de la Comunitat Valenciana. Fui el primero en poner toda la carne en el asador, pero me han arruinado la vida".

El segundo juicio por el desvío de las ayudas a la cooperación ha quedado hoy visto para sentencia tras treinta y tres sesiones que comenzaron el pasado 15 de abril ante la sección quinta de la Audiencia de València. Ha sido un juicio peculiar, como han reconocido muchos de los abogados de las defensas, ya que las conformidades alcanzadas por la mayoría de los acusados habrían evitado la celebración del juicio que, sin embargo, se ha celebrado durante tres meses para que comparecieran gran parte de los testigos citados por las acusaciones particulares y popular.

El exconseller Rafael Blasco y su equipo de fieles en las distintas conselleries que ocupó han admitido haber malversado y prevaricado en la gestión de las ayudas a la cooperación, tras ocho años de instrucción en los que han negado todos los hechos. La confesión incluye la entrega de bienes o dinero en metálico para resarcir parte del dinero desviado y, a cambio, obtienen una rebaja considerable de las penas que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba para ellos.

La responsabilidad civil que deberán afrontar los que resulten acusados, de los 24 procesados en este caso, ha sido de hecho uno de los caballos de batalla del juicio ya que los expedientes de subvención que presuntamente usó la trama de ONG orquestada por Blasco no se han cerrado administrativamente por lo que, según las defensas, no se puede acreditar el dinero supuestamente malversado.