La vuelta del ladrillo amenaza la supervivencia de tres parajes valencianos de costa de alto valor ecológico. Un informe de Greenpeace pone el foco sobre tres espacios, localizados en Torreblanca, Cullera y Orihuela, que estarían «en peligro» por la reactivación de megaproyectos urbanísticos paralizados tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. El documento alerta de que la Comunitat Valenciana mantiene alrededor de 38.000 hectáreas de elevado interés ecológico sin protección. Los parajes de la Comunitat Valenciana encabezan, junto a los de Cataluña y Andalucía, el listado de los más amenazados de España por la recuperación inmobiliaria.
Un 22,9 % de la costa valenciana se encuentra edificada. Se trata de la segunda región española más urbanizada después de Cataluña, donde el 26,1 % de la superficie costera está cubierta por cemento. Greenpeace incide en su informe en que las tres provincias valencianas albergan una gran cantidad de hábitats naturales desprotegidos. En concreto, una cuarta parte de las áreas con gran valor ecológico carece de algún tipo de blindaje, «un hecho preocupante dada la gran presión urbanística que sufre» la Comunitat Valenciana, según ahonda el documento. En concreto, «dichos hábitats naturales fuera de los espacios de protección de la naturaleza ocupan 37.931 hectáreas, de las que un 86,1 % están reconocidas como de interés por la Unión Europea y un 20,4 % se encuentran catalogadas como de conservación prioritaria».
El mayor riesgo está en los megaproyectos diseñados hace quince años que quedaron paralizados por la crisis. En cada provincia valenciana hay al menos algún macroproyecto ubicado en primera línea del mar. El estudio de Greenpeace destaca el PAI Doña Blanca Golf (Torreblanca), el llamado Manhattan de Cullera y el proyecto UE2 Alameda del Mar , en Cala Mosca (Orihuela).
Doña Blanca Golf
El 65 % de los propietarios de los terrenos del PAI Doña Blanca Golf de Torreblanca se constituyeron el pasado otoño como agrupación de interés urbanístico para poder llevar adelante el proyecto. El Ayuntamiento de Torreblanca aprobó en julio del año pasado las nuevas bases de licitación, quince años después de autorizar provisionalmente la primera adjudicación del proyecto. El plan regula la urbanización de 1,9 millones de metros cuadrados en el litoral norte de Torreblanca y prevé la construcción de 4.000 viviendas y un campo de golf.
El Manhattan de Cullera se diseñó con 33 edificios de hasta 25 alturas y dos hoteles de 40 plantas con capacidad para 20.000 personas en un espacio de 610.000 metros cuadrados junto a la desembocadura del Xúquer. El factor que más ha influido en la reactivación del proyecto ha sido el impulso por parte de la Generalitat del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), que restringe la construcción en primera línea de costa. La aprobación de este programa accionó una cuenta atrás de cinco años para que proyectos urbanísticos sin desarrollar previstos en suelo urbanizable como el Manhattan de Cullera sean aprobados. En caso contrario, los terrenos volverían a la calificación de rústico, lo que impediría la iniciativa y reduciría significativamente su valor económico.
Cala Mosca
Alicante es la provincia valenciana cuya costa está más urbanizada. Greenpeace hace hincapié en su informe en que un ejemplo del urbanismo descontrolado que amenaza el litoral es el proyecto de Cala Mosca (Orihuela), una playa natural que alberga especies de plantas catalogadas como vulnerables (como la jarilla cabeza de gato) y protegidas. Los ecologistas denuncian que la playa está amenazado por un proyecto urbanístico «plagado de irregularidades».
El Consell desoyó hace siete meses a vecinos y ecologistas y autorizó la construcción en Cala Mosca de1.500 viviendas sobre 456.000 metros cuadrados. Es el último tramo libre de edificaciones en primera línea de los quince kilómetros del litoral oriolano. Al igual que ocurre con el Manhattan de Cullera, la zona de Cala Mosca está clasificada en el Pativel como suelo de transición, lo que supone que, si pasan más de cinco años sin que se lleve a cabo el proyecto urbanístico, la playa y sus especies se salvarán.
El estudio destaca que la ley de Costas de 1988 ha funcionado bien en la protección del uso público de las playas, pero ha tenido un éxito muy limitado como herramienta para garantizar la sostenibilidad en el litoral fuera del dominio público. «Ha fracasado en el objetivo de poner freno a la urbanización desbocada, especialmente en la costa mediterránea», concluye el análisis.
