El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) no solo ha recuperado hasta el último euro del dinero público en la venta a Prensa Ibérica del crédito que el IVF concedió al grupo Zeta sino que se han reintegrado 297.000 euros adicionales.

Así lo aseguró el director del IVF, Manuel Illueca, que ayer compareció a petición propia en la comisión de Economía de las Corts Valencianes. «Se han reintegrado los 6,3 millones prestados, no hay dudas jurídicas y el IVF ha actuado con criterios técnicos y de forma autónoma», remarcó.

Illueca acudió a la comisión después de las críticas recibidas tras la venta de la deuda de 1,8 millones de euros del grupo Zeta a Prensa Ibérica, editora de Levante-EMV y de Información, por 553.000 euros. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mantiene desde 1984 un 1,17 por ciento de las acciones de Pecsa, editora del periódico Mediterráneo de Castelló, de la que el grupo Zeta posee el 8 5%. Illueca remarcó también que él no admitiría ningún tipo de presión ni influencia sobre las decisiones del órgano que preside y añadió que el presidente de la Generalitat nunca ha influido en el IVF, que se rige solo por criterios técnicos. «Soy funcionario público y si me presionara alguien, me iría. Pero eso el PP no puede entenderlo porque en su época el IVF se dirigía por criterios políticos», aseveró durante su intervención.

«Sin conflicto de intereses»

Según dijo, se trata de una operación «transparente y cristalina aprobada por toda la banca comercial, sin ningún conflicto de intereses ni quita alguna ni ayuda pública; solo una venta a precio de mercado a una empresa de un activo deteriorado y la recuperación del dinero público».

Defendió que en el IVF solo priman criterios técnicos y no políticos, al contrario que en los tiempos del PP, cuando de los 667 clientes del IVF, más de doscientos (el 35%) eran morosos. Desde que gobierna el Botànic solo cinco han generado incidencias.

Illueca también acusó a los populares de conceder el préstamo en su origen al grupo Zeta en una operación partidista que tenía como objetivo interferir en el ecosistema mediático valenciano.

Desveló que en los años del PP las pérdidas del instituto por actividad crediticia ascendieron a 665 millones, de los que 192 fueron en préstamos, 73 en avales y 400 en la Sociedad de Garantía Recíproca y repasó las malas decisiones adoptadas por el PP en relación a la deuda del grupo Zeta, como en 2009 cuando la entidad pública perdió las garantías que tenía para asegurarse el cobro del préstamo.

Por contra, los partidos de la oposición se centraron en la figura del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y señalaron varias veces en sus intervenciones que no tenían nada contra la actuación del IVF. Pese a las explicaciones de Illueca, el PP insistió en poner el foco en el papel de Puig en la operación. El portavoz de Economía, Rubén Ibáñez, aseguró que Illueca era el «cortafuego» enviado por el jefe del Consell, de quien dijo que tiene miedo a comparecer. Añadió que en la operación «no se trataba de salvar un medio sino las acciones del presidente. No es un tema económico sino político».

Ibáñez cuestionó la insolvencia de Zeta, llegando a asegurar que había repartido ocho millones en dividendos. Según ha podido comprobar este periódico, el grupo editor nunca ha repartido beneficios a lo largo de su historia. En esta misma línea, el diputado también acusó a Pecsa de repartir dividendos solo desde que Puig es accionista, cuando en realidad ese reparto ha sucedido en nueve ocasiones diferentes.

El diputado Tony Woodward (Cs) echó en falta la explicación del presidente y dijo desconocer si era una cuestión «estética, ética, moral o de principios» y sostuvo que existe un conflicto de intereses que el Botànic justifica.

Ángeles Criado (Vox) calificó lo ocurrido de «burla a los valencianos y ataque a la libertad de prensa para concentrar medios afines» y pidió la dimisión tanto de Puig como de Illueca.