¿Saben cuántas personas víctimas de trata para su explotación sexual detectaron las fuerzas de seguridad el año pasado de entre los 158 prostíbulos inspeccionados a lo largo y ancho de toda la Comunitat Valenciana? Cero. Ni una sola. Eso es exactamente lo que dice el balance hecho público ayer por el Ministerio del Interior y que recoge los datos de la lucha contra la explotación y trata de seres humanos con distintos fines, desde la laboral a la sexual, pasando por la mendicidad, los matrimonios forzados o la criminalidad cometida bajo coacción.
El panorama es realmente desolador, al menos, por lo que respecta a la actividad policial en territorio valenciano. Aunque es cierto que el descenso del número de inspecciones en locales -desde las mal llamadas 'casas de citas' (pisos clandestinos donde se ejerce la prostitución en una de sus vertientes más esclavizantes) a los burdeles que se suceden a orillas de las carreteras)- es una tónica general en toda España, salvo excepciones muy concretas como Castilla y León, Madrid o Canarias, no lo es menos que esa bajada, en el caso valenciano, es preocupantemente pronunciada.
Así, de las 369 inspecciones llevadas a cabo en 2014 se ha pasado, cuatro años más tarde, a menos de la mitad: 158. Interior difundió ayer las cifras recopiladas por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), pero no ha dado explicaciones de por qué la policía ha dejado de realizar inspecciones administrativas en los burdeles o de cómo es posible que en 9 de las 17 comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas el número de víctimas sea cero.
En el anverso de esta moneda se sitúa Cataluña, con 27 mujeres que han accedido a reconocerse como víctimas de trata, lo que supone que están colaborando en la desarticulación de las mafias que mueven miles de millones de euros -las estimaciones de este mercado alegal van desde los 4.100 a los 18.000 millones anuales solo en España, el tercer país con mayor consumo de sexo pagado del mundo-.
Las cifras oficiales de trata, pues, son sorprendentemente bajas: en 2018 las fuerzas de seguridad solo fueron capaces de localizar 128 en todo el territorio español de las 9.315 identificadas en los 2.036 controles en locales (y en estos no se contabiliza la prostitución callejera).
La inmensa mayoría de las explotadas son mujeres (117, frente a 5 hombres) y el 75 % de ellas proceden de solo cuatro países: Nigeria, Colombia, Venezuela y Rumanía, por ese orden. En cuanto a la explotación sexual infantil, los seis casos detectados eran niñas.
Vietnamitas y moldavos
Por lo que respecta a la trata para explotación laboral, el escenario es muy similar, aunque difiere en que la mayoría de las personas tratadas y explotadas son hombres.
En esta vertiente, el descenso de los controles administrativos en la C. Valenciana es más bien un desplome: de las 1.032 inspecciones llevadas a cabo en 2014 hemos pasado a 181 en 2018. Es más, la caída brutal ocurrió realmente el año pasado, ya que solo uno antes, en 2017, hubo 1.218 controles. Interior tampoco ha explicado por qué. Aún así, se diría que la labor inspectora ha aumentado en eficacia, porque con casi siete veces menos revisiones, detectaron cuatro víctimas frente a las 10 identificadas en 2017 con esos 1.218 controles. Por nacionalidades, la mayoría de víctimas son de Vietnam, Moldavia y Rumanía.
