Dieciséis asociaciones y movimientos sociales han presentado hoy en la Delegación del Gobierno una carta dirigida a la Presidencia del Gobierno que exige la derogación con urgencia de la Ley Mordaza y una amnistía social para eliminar los expedientes administrativos. En el escrito denuncian la "brutalidad" que ha ejercido la policía en desahucios y la actitud "represiva" ante los derechos de manifestación y asociación. En su lugar, demandan un nuevo ordenamiento que sí proteja a la ciudadanía para lo cual se necesita, según las organizaciones, una reforma del Código Penal.
Las colectivos que han presentado el escrito al presidente en funciones, Pedro Sánchez, aluden a su compromiso para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. Así lo explica, Luis González, portavoz de las entidades: "Le recordamos que cumpla lo que había prometido, es decir, la derogación profunda e integral de la Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Privada y la modificación del Código Penal". Además, los organismos piden una amnistía social puesto que dichas leyes han causado expedientes administrativos, como en el caso de Joan Cogollos, quien ha de cumplir un año y medio de prisión y una multa de 15 euros al mes por atentado a la autoridad pese a que él defiende que "me disponía a frenar un desahucio y se me acusa por haber empujado a un policía". Y denuncia que "ellos eran quince agentes".
Las organizaciones, plataformas, movimientos sociales o asociaciones sindicales que han presentado la carta ante la Delegación del Gobierno han sido: Sillas Contra el Hambre, Iaioflautas, la Coordninadora Valenicana de Pensiones, Stop Desahucios, Yasuní, Amnistía Social, No Somos Delito, CGT-PV, Koordinadora Kolectivos Parke, Psicólogos y Psicoólogas sin Fronteras, Intersindical València, Orriols, Reacciona, 15M, Pha Safor y PAH Valencia.
El portavoz alude a las diversas situaciones conflictivas entre ciudadanos y la autoridad para denunciar la "represión". Por ejemplo, "la brutalidad de la policía en los desahucios en Parla, Carabanchel y Mallorca", o también, "la identificación exhaustiva a las feministas que protestaban contra el autobús de Hazte Oírcomo en la concentración de Glovo". González explica que "en nuestra opinión, estos son hechos que demuestran una actitud represiva frente a los derechos fundamentales de manifestación y de expresión". Las agrupaciones toman de referente el caso de las manifestaciones mensuales ante el CIE por el fallecimiento de un interno como un ejemplo de la "limitación de la libertad de manifestación".
El escrito que han presentado las asociaciones también hace referencia a la presunción de veracidad de la palabra de un Agente de la Autoridad, recalcando esto como "lo más grave". Asimismo, piden una mayor protección de los datos personales y mayor protección para las personas débiles y para bienes tales como la vivienda y las pensiones.
Toni Valero, integrante de la asociación del Parque Alcosa, explica, en nombre de todas las entidades que han firmado la carta, que "La Ley Mordaza es la respuesta a la precariedad laboral" y que independientemente de la situación de representación política "se deben buscar otras formas de respuestas ante la fractura social", termina.
