Dieciséis asociaciones y movimientos sociales presentaron ayer en la Delegación del Gobierno una carta dirigida a la Presidencia del Gobierno que exige la derogación con urgencia de la ley mordaza y una amnistía social para eliminar los expedientes administrativos. En su lugar, demandan un nuevo ordenamiento que sí proteja a la ciudadanía para lo cual se necesita, según las organizaciones, una reforma del Código Penal.
Los colectivos aluden el compromiso que realizó Sánchez para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Así lo explicó ayer Luis González, portavoz de las entidades: «Le recordamos que cumpla lo que había prometido, es decir, la derogación profunda e integral de la ley mordaza, la Ley de Seguridad Privada y la modificación del Código Penal».
El portavoz aludió a las diversas situaciones conflictivas entre ciudadanos y la autoridad para denunciar la «represión». Por ejemplo, «la brutalidad de la policía en los desahucios en Parla, Carabanchel y Mallorca, identificación exhaustiva a las feministas que protestaban contra el autobús de Hazte Oír o en la concentración de Glovo». También recalcaron la presunción de veracidad de la autoridad como «lo más grave».
