La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sacará un nuevo concurso para la gestión de la red de Puntos de Encuentro Familiar (PEF) siguiendo las recomendaciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), que ha anulado el proceso inicial por excluir a las empresas, según han confirmado fuentes de este departamento.
El TARC ha anulado definitivamente este concurso en lo relativo a la inclusión de la cláusula que restringe el acceso a las entidades sin ánimo de lucro inscritas en los registros correspondientes después de que el pasado mes de julio acordara la suspensión provisional, según ha informado Aerte, una de las tres entidades que presentaron un recurso, en un comunicado.
Al respecto, la conselleria ha anunciado que sacará un nuevo concurso "siempre con el objetivo de prestar la mejor atención a las personas usuarias de esta red, que debe ser un recurso social, gratuito, universal y específico para la infancia y la adolescencia".
Así, ha explicado que en estos puntos produce la intervención requerida en aquellas situaciones de conflictividad familiar en las que la relación de los niños, niñas y adolescentes con alguna persona progenitora o miembro de su familia se encuentra interrumpido o es de difícil desarrollo.
Por ello, el nuevo concurso mantendrá el objetivo de "mejorar la atención", con una mejora de las plantillas y la incorporación de nuevos perfiles profesionales, como los técnicos en integración social, promoción de la igualdad de género, trabajadores y trabajadoras sociales y educadores y educadoras sociales. Asimismo, se prevé la mejora de los horarios de atención, han destacado.
El TACRC ha considerado que no se puede excluir a las empresas en este concurso ya que "no se han cumplido ninguno de los requisitos para no aplicar el principio de carácter general, consagrado en el artículo 132 de la LCSP, de prohibición de reservar contratos a entidades por su forma jurídica o por su falta de ánimo de lucro", según las mismas fuentes.
De este modo, se estima el recurso especial en materia de contratación que presentaron el pasado mes de junio la Asociación Empresarial de Residencias de la Tercera Edad y de Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (AERTE), junto a dos entidades del sector, contra los pliegos de este concurso.
Al respecto, el presidente de AERTE, José María Toro, ha señalado que se lleva "mucho tiempo" defendiendo que hay que poner en marcha un sistema de contratación de servicios sociales que establezca "un estándar de calidad en el servicio, que establezca un precio fijo que permita abordar los requisitos exigidos, que pague en los plazos que marca la ley y que no discrimine por la forma jurídica de la entidad".
"Entendemos que de esa manera se favorece la atención que se presta a las personas usuarias de los servicios y a las entidades que trabajan mejor, tengan la forma jurídica que tengan", ha señalado.
