Ningún extranjero sin documentación será sometido a un expediente de expulsión cuando acuda a una comisaría o cuartel a denunciar un delito, como le ocurrió a una joven hondureña en la comisaría de Xirivella el pasado mayo, si el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska atiende y empieza a aplicar la recomendación del Defensor del Pueblo hace apenas dos días, en la que insta al ministro a «dictar las instrucciones precisas» para que no vuelva a producirse un caso similar.
El organismo que defiende los intereses de la ciudadanía y vela por el cumplimiento de sus derechos ha emitido esta recomendación precisamente a raíz del caso de la joven hondureña, aún pendiente de resolución por parte del delegado del Gobierno en València, Juan Carlos Fulgencio, después de recibir una queja de la ONG València Acull/València Acoge, que está dando apoyo y visibilidad al caso de esa joven.
Tal como ha venido informando Levante-EMV, María (nombre ficticio pactado para la entrevista que concedió la joven a este diario) acudió con un amigo a la comisaría de Xirivella para denunciar al casero de su amigo después de que la agrediera e insultara con términos vejatorios y de claro contenido machista, pero no pudo llegar a formalizar esa denuncia porque los agentes abrieron un expediente de expulsión al comprobar que se encontraba en territorio español en situación ilegal, dando prioridad así a la irregularidad administrativa sobre la infracción penal.
De hecho, tuvo que acudir días después a denunciar a un juzgado, ya que no había podido hacerlo en las dependencias policiales, según ha explicado en numerosas ocasiones.
Una vez analizado el caso, el organismo que dirige Francisco Fernández Marugán se ha dirigido al ministro del Interior para recomendarle que dicte «las instrucciones precisas para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional», según consta en el escrito que esta institución ha enviado a València Acoge.
De esta forma, el Defensor no sólo desautoriza la actuación de la policía de Xirivella y del delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, quien justificó el procedimiento de expulsión «porque así lo marca la ley», sino que además pide al ministro que adopte medidas para que no se vuelva a repetir ninguna situación semejante.
Tras conocer la respuesta, València Acoge, a cuya denuncia pública se han sumado más de 170 colectivos y ceca de un millar de personas a título personal, entre ellas los dos alcaldes de Xirivella que se han sucedido en el cargo en estos dos meses, ha solicitado al Defensor del Pueblo «que considere la posibilidad de ampliar su recomendación al ministro para que no se incoen procedimientos de expulsión a quienes acudan a realizar cualquier tipo de trámite ante la Policía o Guardia Civil o a interponer una denuncia independientemente de su tipificación».
La razón de esta solicitud, explica el colectivo, «es que hemos tenido conocimiento de que también se han dado casos de incoación de expedientes de expulsión a personas que han ido a denunciar la pérdida del pasaporte o a recoger la cartera extraviada, aunque no los hemos podido documentar hasta el momento».
En 2004 y 2005 el Defensor del Pueblo ya requirió a la Dirección General de Policía por la misma razón que ahora se ha dirigido directamente al ministro del Interior. Casi dos décadas después, la policía continúa incoando expedientes de expulsión a quienes acuden a ellos y no tienen regularizada su situación administrativa porque ninguno de los sucesivos legisladores han cambiado el marco legal.
