El plan de la vicepresidencia segunda del Consell que dirige Podemos para ampliar el parque público de vivienda en la Comunitat Valenciana se está encontrando con un serio problema.
La fórmula que planteó el también conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, cuando asumió el cargo, la de ofrecer a los propietarios de viviendas vacías su cesión a la Administración por un determinado número de años (siete) a cambio de la rehabilitación, va a ser más complicada de llevar a la práctica.
La conselleria está teniendo problemas para conseguir que propietarios de viviendas las cedan a la Administración por el período de tiempo marcado, ya que la mayoría prefiere alquilar directamente y aprovechar a su favor el elevado precio de los alquileres.
Desde la conselleria admiten que el mercado del alquiler «está muy caliente» y que ello supone una dificultad para sus planes.
El director general de la entidad valenciana de vivienda pública, Alberto Aznar, admitió ayer en declaraciones a Levante-EMV que la conselleria se está encontrando con muchos problemas, especialmente en las áreas metropolitanas de València y Alicante, donde los precios del alquiler están disparados y donde es complicado llevar a cabo el plan de la conselleria.
Lo que ocurre en la práctica es que mientras se mantenga la actual burbuja del alquiler, los propietarios huyen de la idea de ceder los inmuebles a la Administración ya que prefieren rehabilitarlos ellos mismos y alquilarlos directamente puesto que con los precios tan elevados la inversión es fácilmente recuperable.
La ampliación del parque de vivienda pública es uno de los problemas más graves que tiene este departamento, no solo para Dalmau sino también para su antecesora, María José Salvador. De hecho es habitual que haya miles de peticiones para ocupar unos pocos cientos de viviendas sociales. Pero ampliar el parque resulta cada vez más complicado.
Con todo, la conselleria de Vivienda busca reflotar su plan y prepara cambios legales para hacer más atractiva la cesión de inmuebles a la Administración. Esos cambios, que ya están en periodo de exposición pública, está previsto aprobarlos en la ley de Acompañamiento junto a los presupuestos de la Generalitat para el próximo año. La modificación también servirán para coordinar la legislación autonómica sobre vivienda con la estatal, según explicó ayer Aznar.
El Consell también se ha encontrado con otro problema que quiere corregir. Muchos inquilinos que han ocupado durante años viviendas sociales bajo la fórmula de alquiler con derecho a compra, las venden en cuanto se hacen con la propiedad, lo que aún merma más el parque público. Lo que quiere hacer ahora el Consell es establecer un derecho de tanteo y que una vivienda que es pública y protegida no salga del parque público de la Generalitat, ya que son inmuebles que han recibido ayudas para su construcción y cuyo inquilino ha tenido unas condiciones ventajosas, pero que acaba después en el mercado privado. Aunque la idea está clara, se busca el mejor encaje legal que permita a la Administración valenciana aumentar su parque público.
Cambios en la ley de función social
Una de las normas que se va a cambiar es la ley de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Botànic en febrero de 2007, en el apartado que hace referencia a la rehabilitación y al alquiler solidario. La ley recoge que la Administración cederá las viviendas por un máximo de seis años, pero ese precepto choca con la ley de Arrendamientos Urbanos del pasado marzo que habla de siete.
Ello podría generar casos en que la Administración devolviera la vivienda a su propietario con el inquilino aún con un año por delante de alquiler. Para evitar esa incoherencia se hace necesario elevar a ocho los años de cesión.
