El vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, anunció ayer, tras reunirse con la Plataforma de Afectados con la Hipoteca (PAH), la creación de un plan de choque para la creación de vivienda pública en el que negociará con la Sareb un acuerdo para aumentar el parque público. El conseller hizo estas declaraciones tras una reunión con la PAH en la que la asociación le trasladó un documento con sus principales ejes en materia de vivienda: un plan contra la emergencia habitacional, el aumento del parque público de viviendas, y unos índices de referencia para regular los alquileres.

La reunión, celebrada por la mañana en la Conselleria de Vivienda fue «un escáner para analizar los temas más importantes», según el conseller. Sobre las propuestas de la PAH, Dalmau afirmó que sus relaciones con la plataforma son «muy fluidas» y que están trabajando para la creación de un protocolo de emergencia habitacional a pesar de apuntar que «el presupuesto es limitado». El propio conseller afirmó, en sintonía con la PAH, que «actualmente la subida de los precios del alquiler es nuestra máxima preocupación», y anunció mecanismos «para incentivar que los arrendadores alquilen los pisos a precios asequibles». Este fue uno de los principales puntos de debate, ya que desde la PAH no se conforman con que «los propietarios tengan beneficios fiscales». Su coordinador, José Luis González, indicó que «la burbuja del alquiler está aumentando hacia límites inconcebibles» y denunció que llevan reclamando la regulación de los alquileres varios años.

La necesidad de aumentar el parque público de vivienda es una de las principales reivindicaciones de la PAH, que reclamó «la necesidad de movilizar la vivienda vacía en manos de grandes tenedores (inmobiliarias, bancos y fondos buitre) que están creando una escasez artificial que hace imposible acceder a una vivienda digna incluso a quienes tienen trabajo a tiempo completo». Actualmente el parque de vivienda pública de la Comunitat se sitúa en torno al 1 %, una cifra muy alejada de la media europea, donde los inmuebles propiedad del Estado representan un 15% del parque de viviendas.

Otro tema destacado en el documento es el tratamiento de la emergencia habitacional, que incluye a las personas que se encuentran en una situación de urgencia para perder su domicilio. El conseller anunció la existencia de un presupuesto de 2 millones de euros dedicado a paliar estas situaciones gestionado por los ayuntamientos, a pesar de que algunos, como el de Alicante, todavía no lo han ejecutado. En esta línea la PAH volvió a denunciar una de sus reivindicaciones principales en el documento entregado al conseller, «no permitir que ninguna persona sea desahuciada sin alternativa».

Inspecciones a pisos turísticos

Asimismo, Dalmau remarcó la necesidad de una coordinación entre el Evha, la banca y los ayuntamientos a la hora de buscar alternativas habitacionales para quienes se vean inmersos en un proceso de desahucio.

El conseller de Vivienda, por su parte, anunció su coordinación con Turismo para aumentar las inspecciones sobre los pisos turísticos piratas «para que esas viviendas paguen los impuestos que les corresponde».