El ofrecimiento está sobre la mesa, pero el Gobierno central ha decidido aferrarse al silencio. El resultado ha sido dejar un día más en alta mar a 121 personas en situación crítica que, a duras penas, superaron la ruta migratoria con la esperanza de llegar a Europa. Ahora, en aguas internacionales frente a la isla italiana de Lampedusa, continúan a la espera de que algún gobierno europeo se pronuncie al respecto y ante la incertidumbre y la inquietud de quien implora no ser devuelto a Libia, donde los Derechos Humanos son vulnerados diariamente.
A primera hora de la tarde del sábado, el alcalde de València Joan Ribó, junto con la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra y el visto bueno del president Ximo Puig, ofrecía la apertura del puerto del «Cap i casal» para la llegada del buque humanitario Open Arms (igual que lo hicieron también desde el gobierno catalán), pero más de un día después de la propuesta, ni la entidad humanitaria ni la administración ha obtenido una respuesta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Una política de «tira y afloja» que lamentan desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y que califican de «juego macabro», cuando lo que está en juego es la vida de más de 120 personas.
La entidad reivindica la necesidad de un «protocolo predecible y seguro» ante este tipo de situaciones «por el cual ninguna persona migrante pueda ser devuelta a un país en el que su vida pueda correr peligro, como Libia, y así cumplir con el principio de no devolución recogido en la Convención de Ginebra».
«Lo que está haciendo el Gobierno de España es no contestar a una petición clara» que, por otra parte, «aplaudimos desde CEAR», indica Jaume Durà, coordinador de la entidad en València. «Lo que el Gobierno tiene que hacer es dejar de hacer sufrir a quienes están esperando un puerto en el que desembarcar desde hace una semana», denuncia Durà, quien asegura que la «estrategia de no decir nada» está fuera de lugar cuando de lo que se habla es de salvar a personas.
El «espejismo» del Aquarius
«No debería haber secretismo con esto», zanja el coordinador de CEAR, quien sospecha una posible negociación entre España y Malta como alternativa para encontrar un puerto seguro. Un hecho que seguiría en la línea de las últimas actuaciones del Gobierno central después de la acogida del Aquarius de Sos Mediterranée, como la negativa al desembarco del buque alicantino de Nuestra Señora de Loreto que socorrió a once personas en el Mediterráneo. Una serie de acontecimientos que dejaría como un espejismo la política humanitaria presentada en un principio por Sánchez.
Así, mientras la política del silencio continúa, la ONG catalana de Open Arms exige como «urgente y prioritario» tener un puerto seguro para poder llevar poner a salvo las 121 vidas rescatadas a la deriva «a bordo un viejo barco con voluntarios».
«Una noche más a bordo y seguimos sin autorización para desembarcar a las 121 personas que rescatamos con historias devastadoras», denunció la ONG. La embarcación del Open Arms rescató el jueves a 55 personas y, un día después, rescató a 69 personas «con signos inequívocos de violencia» sufrida en Libia, entre las que había dos mujeres embarazadas evacuadas por la Guardia Costera italiana este sábado.
