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Tributaciones

Hacienda activa un «jurat» para resolver reclamaciones sobre sus propios impuestos

El nuevo organismo funcionará desde el 1 de septiembre y es la versión autonómica del tribunal económico-administrativo dependiente del Estado

Hacienda activa un «jurat» para resolver reclamaciones sobre sus propios impuestos Fernando Bustamante

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico que dirige Vicent Soler pondrá en funcionamiento en unos días el primer Jurat Econòmic-administratiu de la Comunitat Valenciana. Se trata de un organismo de nuevo cuño, de ámbito estrictamente autonómico, que empezará a ejercer sus funciones desde el próximo 1 de septiembre. El tribunal («jurat») tiene por objeto resolver posibles contenciosos que surjan en la aplicación de los impuestos y tributos que son propios de la Generalitat.

El decreto, publicado ayer, recoge que para la puesta en funcionamiento de este órgano (que es la versión autonómica del tribunal económico-administrativo que depende del Estado) requerirá, al menos, la provisión de dos puestos de trabajo, uno correspondiente a la presidencia de este organismo y el segundo para una vocalía, en cuyo caso, la persona titular también asumirá todas las funciones de la secretaría hasta la provisión de esta, aunque la orden establece que pueden existir hasta tres vocalías.

El organismo en cuestión, adscrito a la Conselleria de Hacienda, ha sido bautizado como «jurat» precisamente para diferenciarlo del tribunal estatal que lleva el mismo nombre. Actualmente y una vez creados los puestos de trabajo correspondientes a la presidencia y a una vocalía, Hacienda asegura que ya está en condiciones de poner en funcionamiento el nuevo organismo.

Gestión propia de las finanzas

Con la creación de este nuevo órgano, la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico busca explorar las posibilidades que le otorga el Estatut d'Autonomia respecto a la gestión propia de las finanzas y cuya meta es la creación de la agencia tributaria propia, también en fase de tramitación, una reivindicación histórica de la izquierda valenciana, que nunca se ha concretado, en un contexto en el que las arcas autonómicas viven a expensas de las transfusiones de liquidez que llegan desde el Estado.

En la justificación del proyecto, el Consell alegó, según informó en su día este diario, que el «jurat» se configura como «un instrumento para facilitar la defensa de los derechos de la ciudadanía, mediante un procedimiento gratuito, accesible y ágil que permita revisar la legalidad de los actos en esta materia sin deber acudir directamente a la vía judicial, más lenta y costosa».

En este sentido, el Consell considera que el nuevo órgano garantiza la competencia técnica, la celeridad, la independencia funcional y la imparcialidad de sus miembros. El órgano colegiado dependerá directamente del titular de la Conselleria de Hacienda y está formado por «funcionarios de elevada formación tributaria y jurídica».

Resoluciones públicas

Cabe apuntar que la resolución de las reclamaciones de la ciudadanía respecto a los tributos propios recaía hasta ahora en la persona titular de la conselleria, quien solía delegar estas atribuciones en la dirección general de Tributos. De esta manera, no existe separación entre el órgano que dicta y aplica los tributos y el que resuelve los conflictos. Una vez se ponga en funcionamiento, las resoluciones más importantes deberán hacerse públicas.

Según la orden de Hacienda, se trata de un órgano colegiado al que compete la resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan en materia de tributos propios contra los actos administrativos tributarios y determinadas actuaciones de los particulares; así como contra las realizadas por la Agencia Tributaria Valenciana.

Este tipo de órganos ya existen en otras comunidades como Aragón, Madrid y Cataluña. La iniciativa impulsada desde el área de Tributos del departamento que dirige Vicent Soler es un paso más en el camino hacia la autonomía financiera y tiene por objetivo garantizar la independencia de los órganos encargados de resolver los conflictos en materia de impuestos. Se ocupará de las reclamaciones por la aplicación de los tributos propios (ya sea relacionados con la recaudación o con las sanciones) sin invadir competencias del estatal.

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