Uno de los temas que ya enfrentó a los partidos que conforman el Pacte del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) durante la pasada legislatura y después en las negociaciones para rubricar la segunda parte del acuerdo fue la aplicación de un impuesto a las pernoctaciones hoteleras en la Comunitat Valenciana, la conocida como tasa turística, que se aplica sin problemas en otras autonomías y países y que siempre genera revuelo en el debate político valenciano.

El PSPV siempre se ha mostrado en contra de su aplicación. Podemos es su más firme defensor y ha intentado que se aprobara en las Corts en los sucesivos debates de presupuestos de la pasada legislatura. Compromís secundó la posición de los socialistas por lealtad botánica en aquellos momentos del primer Botànic.

Pero la posición de la coalición valencianista ha ido cambiando y de rechazo (no tanto a la tasa sino al momento para abordarla) se ha pasado a otra abiertamente favorable a su implantación con cuatro años de legislatura por delante. El alcalde de València, Joan Ribó, o el síndic en las Corts, Fran Ferri, se han mostrado favorables.

Pero, la tasa está condenada a generar nuevos enfrentamientos entre los socios cada vez que el foco mediático se pose sobre ella. Su puesta en marcha llegó a aparecer en la comisión técnica para la redacción del Botànic II como uno de los tributos que se podrían implantar, pero en una de las últimas reuniones cuando ya se perfilaba el documento político desapareció porque no había consenso sobre si tenía que ser autonómica, municipal o discrecional por parte de los consistorios que quisieran.

El nuevo choque sobre la tasa se dio ayer. Mientras el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que no está en el debate y que lo mejor es no crear conflictos donde no los hay, en referencia a las reticencias de la patronal turística, la vicepresidenta, Mónica Oltra, abrió la puerta a estudiar la tasa porque puede tener distintas configuraciones.

Pero Puig argumenta que se trata de iniciativas que terminan generando confusión»y que por eso no está en el «debate central» del proyecto turístico de la Comunitat Valenciana. Con todo, defendió que si alguien quiere plantear alguna cuestión en relación a la tasa turística, tiene todo el derecho de plantearla «y lo debatiremos».

«Como todo -añade Puig- es una cuestión que se puede analizar; nunca hemos dicho que no se pueden buscar soluciones desde el punto de vista de la mejora de la financiación a través del turismo».

Pero el presidente también dijo que su posición es clara (la rechaza) porque no forma parte del programa de gobierno del Consell del Botànic, aunque «cualquier iniciativa de debate desde luego no se va a hurtar nunca», insistió ayer preguntado por esta cuestión.

«Desde luego no es una cuestión prioritaria en estos momentos para el gobierno valenciano», zanjó el jefe del Consell.

«A València le interesa aplicarla»

Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, abogó por estudiar primero la diversidad del turismo valenciana para determinar cómo puede encajar una tasa turística. «Esta cuestión todavía está en una fase primera al ser un debate que está sobre la mesa, pero que se tiene que hablar tranquilamente porque puede tener muchas configuraciones», respondió también a preguntas sobre este tema en una visita a la Marina de València.

Oltra sostiene que el desarrollo de una figura tributaria como la tasa turística no afecta igual a una gran ciudad como València que a un pequeño municipio y, dada la diversidad del turismo que visita la Comunitat Valenciana, primero se debe estudiar cuál es esa diversidad, reiteró la vicepresidenta.

«No todo es blanco o negro, sí o no, y que de momento se está estudiando cómo podría configurarse este modelo tributario.

Mientras, el alcalde Joan Ribó, se mostró partidario de cobrar una tasa a los turistas que lleguen a València al considerar razonable que paguen una parte de los servicios de los que se benefician y no sean solo los valencianos quienes tengan que hacerse cargo de los costes. Ribó defiende que sean los propios ayuntamientos los que decidan el cobro de una tasa turística, y en el caso de València, la primera autoridad cree que a la ciudad le interesa su aplicación.