«No se pueden aprobar normas urbanísticas para impedir infraestructuras comunitarias» como un centro de menores. Así de contundente se refirió la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, a la decisión aprobada el pasado 31 de julio en el pleno del Ayuntamiento de Paterna, por la cual se modificaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio para bloquear la instalación, tal como informó ayer Levante-EMV. Este cambio, que consiste en el añadido de un único punto dentro de un artículo concreto, hace prácticamente imposible la instalación del centro de menores en Montecanyada. Este servicio, proyectado por el Consell desde hace año y medio, ha abierto una batalla legal entre el consistorio presidido por el socialista Juan Antonio Sagredo y la Generalitat.
Oltra recordó que la decisión sobre el PGOU todavía tiene que pasar por la Generalitat. Así, la consellera apuntó que «estas infraestructuras comunitarias están por encima de las normas urbanísticas porque aquí prima la protección del interés superior del menor». En esta línea, la portavoz del Consell recordó a Sagredo que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya avaló a la conselleria en este proyecto en una reciente sentencia.
El proyecto de un centro de menores en Montecanyada consistía en la rehabilitación de un chalet de la urbanización para acoger a 18 niños y niñas de entre 7 y 17 años. Precisamente, el cambio del Plan General impide que se ubique la instalación en una zona residencial de baja densidad como es Montecanyada.
Ante la modificación del Plan General, aprobada por el gobierno del PSPV con el apoyo del PP, Cs y Vox, desde la Asociación de Vecinos de la Canyada resaltaron que otros centros de acogida «llevan funcionando bien en el barrio y nunca han dado problemas». La plataforma que aglutina a más de 25 colectivos en defensa del centro de menores también expresaron su rechazo a la decisión tomada por el consistorio de frenar el centro de menores.
Desde la coordinadora calificaron esta decisión de «lamentable» y recordaron que «el ayuntamiento está legislando de una manera totalmente insolidaria que se toma a costa de las personas más vulnerables», algo que, según aseguran, no coincide con la forma de ser de los vecinos del municipio.
La Federación de Asociaciones de Vecinos, por su parte, recordó que «el TSJ ya determinó que la conselleria tenía permiso para construir ese centro de menores, por lo tanto la decisión no es competencia del ayuntamiento, sino de Igualdad». Por ello, su portavoz José Luis Rodrigo reclamó al ayuntamiento la necesidad de que el proyecto salga adelante, y que el consistorio no se limite a «cerrarse en banda». «Apostamos por una Paterna solidaria y con cabida para este tipo de centros sobre los que el ayuntamiento no tiene competencias, ya que estamos hablando de un bien superior como lo son la construcción de una escuela o un hospital», defendieron.
«Rechazo al más vulnerable»
Otros centros de menores, como el Centro de Día de la Granja Julia, situado en la huerta, también acusaron al consistorio de «crear un estado de alarma y un conflicto que nunca debió surgir», así como de «encender la mecha del rechazo al más débil y vulnerable». Asimismo recordaron el derecho de cualquier ciudadano nacional o extranjero para establecer su residencia o circular por todo el territorio nacional, en este caso, el derecho de las personas menores tuteladas por la Generalitat.
Desde la Plataforma en defensa del centro de menores también criticaron la decisión del pleno e indicaron que los jóvenes que serán acogidos en el centro «son personas desprotegidas, no una amenaza como quieren hacer ver». Además, señalaron que la Canyada tiene todo tipo de servicios como polideportivos, ambulatorios y carriles bici, suficientes para garantizar lo que necesitan los menores.
La propia Asociación de Vecinos de la Canyada tampoco ve ninguna razón por la que paralizar el centro, ya que se trata de «un lugar de pequeño tamaño donde los menores van a estar bien cuidados». Su representante José Carot afirmó que no comprende «las declaraciones del consistorio en las que se tachó de delincuentes a menores con problemas familiares, necesitados de familias de acogida».
Para Carot «es cierto que puede causar malestar para algunas personas, pero también lo causa que te pongan un bar al lado». Desde la plataforma se reafirmaron en que «se debería hablar de menores que necesitan de una familia de acogida, no de delincuentes». La plataforma insistió en su rechazo al acuerdo plenario, y recordó que Paterna ha sido una localidad «históricamente solidaria» desde que abrieron los primeros centros sociales en el municipio. Por ello, llamó al diálogo en el consistorio «para que el centro salga adelante y el ayuntamiento reconozca la sentencia judicial».
