La Sindicatura de Greuges, que dirige Ángel Luna, investiga a instancias de una queja presentada por la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT posibles irregularidades en las pruebas selectivas de varias oposiciones de la Generalitat. En concreto, las correspondientes a las ofertas de empleo público de 2015 y 2016, que se han desarrollado durante la pasada legislatura. El sindicato ha recopilado toda una serie de anomalías que, en su opinión, pueden significar una «quiebra fragrante del principio de igualdad consagrado en los artículos 14 y 23 de la Constitución» y pide al defensor del pueblo valenciano que tome las medidas necesarias para que los procesos selectivos que desarrollan las ofertas de empleo público de la Generalitat «se ajusten a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y proporcionalidad». UGT advierte de que estas pruebas no pueden acabar siendo un instrumento «de descarte» de personas, dado que esas bolsas de trabajo se nutren de aspirantes que no logran plaza pero han superado algún examen.
El sindicato ha recopilado varios casos en los que, en su opinión, se han producido fallos flagrantes de vulneración de los propios protocolos e instrucciones dictadas por la Dirección General de Función Pública para la tramitación, desarrollo y ejecución de las pruebas de las oposiciones. Las irregularidades denunciadas no tienen que ver con posibles filtraciones, sino de fallos relacionados con el proceso, pero que UGT considera que suponen un grave perjuicio para los aspirantes. Así, denuncia fallos o incongruencias en los plazos de publicación de los listados o resolución de los recursos de alzada, preguntas ambiguas, trato desigual a los opositores, etc.
El relato del sindicato, que ya está investigando la institución, afecta a numerosas convocatorias, así como a varios cuerpos, entre ellos el grupo A1 y A2, que constituye la cúpula funcionarial. El sindicato recuerda al Síndic que ya la Inspección General de Servicios de la Generalitat, dependiente de la Conselleria de Transparencia, emitió un informe en marzo de este año en el que señalaba la existencia de seis zonas de riesgo en las que podría darse casos de irregularidades o malas prácticas. Como consecuencia de este informe, la conselleria aprobó un protocolo para la ejecución de los procesos selectivos y reguló el funcionamiento de los órganos técnicos de selección. Cabe apuntar que uno de los puntos señalados por el órgano de control interno fue la composición de los tribunales. La inspección hablaba de posible «endogamia», ya que en muchas ocasiones existían relaciones personales entre el tribunal y los aspirantes.
Entre los casos que el sindicato considera graves destaca el hecho de que en el primer examen de la prueba de técnicos de Administración General A1, el personal colaborador del tribunal obligó a los aspirantes de tres aulas a quitarse los relojes analógicos, cosa que no se hizo en el resto de salas, por lo que, según UGT, unos aspirantes pudieron controlar su tiempo en detrimento de quienes no pudieron hacerlo.
La fuerza sindical pone también el foco en otra prueba en la que el examen de 480 preguntas no se ajustaba a lo establecido en la convocatoria. Esta prueba dio origen a numerosas impugnaciones ya que12 preguntas contenían errores de formulación. Además, pone en cuestión el diseño de los exámenes del órgano de selección que podría ser «un brillante alarde de creatividad, aunque nadie mínimamente experto pueda calificarlo como una prueba rigurosa». Así, habla de preguntas ambiguas, que inventan conceptos o confusas. Además, asegura que se han registrado preguntas fuera de temario. En opinión del sindicato todo esto es el colofón «a unos años plagados de pruebas selectivas que cuestionan la profesionalidad de la que deben hacer gala los órganos técnicos de selección».
