En poco más de un año y medio (en 2018 y lo que llevamos de 2019) un total de 422 personas han sido atendidas por Cruz Roja tras llegar a las costas de la Comunitat en patera o ser rescatados del mar en 65 embarcaciones precarias. A ellos hay que sumar la llegada del Aquarius al Puerto de València en junio del pasado año con 630 migrantes a bordo, los extranjeros derivados de centros de internamiento de otros puntos del país, así como el incremento de la llegada de menores extranjeros no acompañados (menas), cuyo número se ha triplicado. El drama que viven millones de personas que abandonan sus países de origen jugándose la vida en el mar es cada vez más próximo a los valencianos, y el Consell considera primordial una mayor coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de migración para mejorar la situación y el trato a estas personas.
Entre las demandas que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas solicita al Gobierno destaca la reforma de la Ley de Extranjería, la cual considera que está «anticuada, no garantiza la defensa de los derechos humanos y resulta discriminatoria por razón de origen». De igual modo, fuentes de la conselleria remarcan que «no es sostenible que se mantengan los centros de internamiento para extrajeros».
Fondo para la integración y acogida
Asimismo, abogan por la recuperación del Fondo para la integración y acogida de personas inmigrantes, que llegó a contar con un presupuesto de 200 millones de euros, y que fue eliminado por el anterior Gobierno del PP. «Este instrumento permitía el reparto de fondos entre comunidades autónomas para la atención de este colectivo especialmente vulnerable, al igual que se hace en otros ámbitos», indican desde la Conselleria de Políticas Inclusivas.
Junto con las reivindicaciones al Gobierno central, el Consell del Botànic va a impulsar esta legislatura la Estrategia de migraciones, como instrumento de diálogo y coordinación de políticas trasversales del Consell, «en la que también tendrán una participación directa las entidades que trabajan con el colectivo de personas inmigrantes», apuntaron estas mismas fuentes.
El acuerdo del Botànic II recoge también la creación de una Oficina Valenciana de Atención a personas refugiadas y solicitantes de asilo con asesoramiento legal y acompañamiento en su inclusión en la sociedad valenciana. En esa línea, se elaborarán e implementarán medidas que aborden la discriminación racial, la intolerancia y la violencia machista contra mujeres y niñas de minorías culturales.
La Generalitat, a través de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, como órgano competente en la materia, exige al Gobierno español que cumpla con los compromisos que tiene la UE en materia de reubicación y reasentamiento de personas que llegan a Europa huyendo de la guerra y el horror que viven en sus países de origen. Estos compromisos establecían que España tenía que hacerse cargo de alrededor de 15.000 de estas personas, lo que supone que unas 1.500 deberían llegar a la Comunitat Valenciana.
No obstante, la falta de un Gobierno de España estable en los últimos meses ha hecho que la política migratoria continúe sin demasiados cambios respecto a la etapa del PP, salvo la atención sanitaria a aquellas personas que se encuentran en España sin que su situación administrativa esté regularizada. En este sentido, las trabas para su atención se han reducido de forma significativa.
Los menas
Respecto al incremento de la llegada de menas, el Consell sostiene que se debería asumir una distribución solidaria y vinculante en todo el territorio español de todas las personas menores de edad sin referente familiar que llegan al país y dotar de los fondos necesarios para su atención a las comunidades autónomas. Asimismo, se ha solicitado que se establezca un protocolo específico en el que se de prioridad a las peticiones de asilo de los niños, niñas y adolescentes.
Y explican que es importante también que se faciliten y agilicen los permisos de trabajo y residencia para estos chavales a partir de los 16 años, «para evitar que cuando cumplan los 18 se queden en un limbo legal».
De igual modo, desde la Vicepresidencia también se va a seguir exigiendo un trato humano en el control de fronteras y en las llegadas por mar, en cumplimiento de la Declaración de derechos humanos. Situaciones como la que están viviendo los rescatados por el Open Arms, entre ellos 31 menores, «son inconcebibles».
