El propósito de la recién elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de dar una vuelta de tuerca a la bajada de impuestos en su territorio ha recrudecido el debate entre los gobiernos autonómicos en torno al reparto de los recursos y las asimetrías que se producen entre autonomías. Un desequilibrio que se concreta en diferencias importantes en gasto público, pero también en una diferente presión fiscal a sus habitantes. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado la actitud de su homóloga madrileña al entender que genera competencia fiscal entre comunidades y, en el caso de la capital, «paraísos fiscales». Para el presidente se ahonda en la situación de desigualdad, ya que Madrid, además de beneficiarse del efecto capitalidad, tiene margen para bajar impuestos gracias también a una mejor financiación autonómica. Desde el Consell se considera que esta política impositiva (la bonificación, por ejempo, del impuesto de patrimonio) es insolidaria y, además, no genera efectos positivos.
En todo caso, el 'paraíso fiscal' que vive Madrid es inalcanzable para un gobierno que más allá de sus convicciones ideológicas sobre la política de impuestos tiene que gobernar una comunidad que está a la cola en la financiación y con una balanza fiscal deficitaria. Madrid, por muchas circunstancias, resulta atractiva para las grandes empresas y, además, ofrece claras ventajas fiscales a la hora de heredar o amasar fortunas. Su situación financiera le permite bajar impuestos, algo que sería un suicidio para el Consell, sometido también al yugo del FLA. Madrid renunció en 2018 a estos préstamos.
De ahí el enfado de Puig y otros dirigentes autonómicos socialistas con la rebajas fiscales prometidas por Ayuso. Un informe de 2019 elaborado por el Consejo General de Economistas y Asesores Fiscales evidencia las ventajas que supone para un ciudadano vivir en la capital a la hora de pagar determinados impuestos. La aplicación de los tributos cedidos (impuestos de titularidad estatal pero que son gestionados por las comunidades) es dispar y está en función de las reducciones que aplica cada gobierno.
El estudio demuestra con ejemplos concretos cómo vivir en Madrid es garantía de pagar menos (ver gráfico con las comparativas). La Comunitat Valenciana se sitúa entre las comunidades con mayor presión fiscal en impuestos como el patrimonio (que grava las grandes fortunas) o transmisiones y actos jurídicos documentados, que se aplica, por ejemplo, en la adquisión y escritura de una vivienda de segunda mano. Así, en la transmisión de un inmueble no destinado a vivienda, la Comunitat es, junto con Cantabria, Galicia y Cataluña, donde existe mayor presión fiscal. Un mismo ciudadano residente en Madrid pagaría casi la mitad por la misma operación. Ocurre lo mismo con donaciones y sucesiones.
El citado informe compara de forma detallada el impacto de las bonificaciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF. El resultado reafirma esa imagen de Madrid como paraíso fiscal. Así, para todos los tramos de renta, los madrileños y madrileñas pagan menos que si vivieran en otra comunidad. La Comunitat Valenciana es la que mayor presión fiscal ejerce en los tramos más altos de la renta. Es decir, para ingresos a partir de los 110.000 euros es donde más se paga. La presión en las rentas más bajas es similar al resto de comunidades, sobre todo a partir de los 20.000 euros, si bien en el tramo de los 16.000 euros también es de las comunidades que más aprietan.
Ante este panorama, el presidente Puig insistió ayer en la necesidad de una armonización. Reclamó una recentralización de impuestos como el de patrimonio y donaciones, para que sea el Estado quien lo regule y evite el «dumping» fiscal.
