Alguien dijo que en España había quien cobraba por ser español y quien pagaba por serlo. A los valencianos siempre les toca la peor parte. Lo han corroborado en esta primera quincena de agosto tres estudios distintos, el de la liquidación del modelo de financiación de 2017 del Ministerio de Hacienda, el que con sus propios ajustes ha realizado la vicepresidencia del Govern de Cataluña y el de la Fundación de Estudios de Economía (Fedea), también con sus propias adaptaciones a partir de los datos que suministra el Gobierno.
En todos, el resultado es el mismo. La autonomía peor financiada de España es la valenciana, una situación que se repite año tras año sin que nadie ponga remedio mientras los gobernantes valencianos, empresarios y entidades sociales claman en el desierto. Por si fuera poco, el anuncio de la nueva presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso de una nueva rebaja fiscal en esa autonomía ha levantado las protestas de las comunidades más desfavorecidas en el reparto de la financiación, que denuncia, en palabras del president Ximo Puig, la existencia de un «paraíso fiscal» madrileño.
Pero lo que ha llamado la atención ha sido los movimientos que en pleno agosto han iniciado las autonomías del norte de España (Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León) para coger posiciones ante la posibilidad de que se abra de verdad la negociación del nuevo modelo. Una movilización en el frente político, social y empresarial para defender su actual estatus en financiación (en conjunto reciben 339 euros más por habitante que cada valenciano) y que vislumbra lo complicado que va a resultar alcanzar un acuerdo que permita reformar el modelo de 2009, caducado desde 2014, por el que se rige el reparto del dinero en España y que el presidente, Pedro Sánchez, se ha comprometido a abordar en los primeros ocho meses siempre que consiga superar la investidura.
El anterior presidente, Mariano Rajoy, anunció en 2017 que su Gobierno reuniría a la Conferencia de Presidentes para presentar una propuesta de nueva financiación. Pero nunca lo hizo. Durante meses, expertos de todas las autonomías abordaron las cuestiones técnicas y presentaron un documento que deja ya a los políticos el remate final, el acuerdo definitivo y el más complicado porque si poner de acuerdo a los partidos será una tarea gigantesca hacerlo con bloques de autonomías agrupadas no ya por afinidad política sino por la defensa de unos criterios que deben prevalecer en la negociación se antoja aún más complicado. Ahí es donde aparecen las dos Españas de la financiación, la del bloque atlántico y la que agruparía a las autonomías del Mediterráneo, con la Comunitat Valenciana a la cabeza porque Cataluña dejó de acudir a los foros de debate al considerar superado el marco autonómico con su apuesta independentista.
En España, el reparto del dinero se juega en distintas ligas. En la primera están los territorios forales, Navarra y País Vasco, con una relación privilegiada con el Estado, blindada en la Constitución, y que les permite recaudar sus propios impuestos y después negociar con el Estado de tú a tú. En la segunda división están todas las demás, divididas en bloques. Así, las comunidades del Atlántico (Galicia, Asturias y Cantabria) y el oeste (Castilla y León) a los que se sumarían Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón o La Rioja componen un frente amplio que defiende por encima de todo que el peso clave del futuro modelo sea el coste de la prestación de los servicios públicos ya que en estos territorios ese gasto teóricamente sería mayor por la dispersión demográfica, el envejecimiento, la despoblación, la orografía o incluso los efectos de la descarbonización.
En cambio, la Comunitat Valenciana defiende que uno de los criterios de mayor peso tiene que ser el factor de la población real y, sobre todo, reclama un resarcimiento por la deuda histórica derivada de décadas de financiación por debajo de la media como han constatado decenas de estudios que situarían esta cifra en más de 20.000 millones de euros. Según los datos del Ministerio de Hacienda solo en el último año, la Comunitat Valenciana ingresó mil millones menos que la media.
Esos criterios que defiende el Consell serían similares a Baleares, Murcia o Andalucía y a ellos podrían sumarse Canarias o Madrid. Entre los posibles socios de la Comunitat Valenciana se encuentran tres gobiernos con tripartitos de derecha (PP, Ciudadanos y Vox) como Andalucía, Murcia o Madrid, lo que complica mucho la fortaleza de este frente a la hora de encarar la negociación final.
La factura de la inestabilidad
Y mientras, el bloqueo político que vive España, que puede abocar en noviembre a las cuartas elecciones generales en cuatro años, sigue pasando factura a la Comunitat Valenciana. El Consell admite que la valenciana es la autonomía más afectada por la inestabilidad y la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler sitúa la factura por la falta de Gobierno en unos 1.800 millones, el 1,8% aproximadamente del Producto Interior Bruto (PIB) de los valencianos. Una minoración de recursos justo en un momento de mejoría de la economía aunque la propia Fedea advierte de la «incierta» situación para 2019 con un Gobierno en funciones que solo puede realizar entregas a cuenta provisionales.
