La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la Comunitat Valenciana explora en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una vía alternativa para que los casos de fraccionamiento de contratos en las administraciones públicas no queden impunes. El organismo que dirige Joan Llinares lleva tiempo dando vueltas a una situación que se repite en numerosas ocasiones: casos de troceamiento de contratos para eludir el concurso público que, a pesar de ser denunciados, acaban siendo archivados porque la Fiscalía no ve delito.
La práctica del fraccionamiento es generalizada en todas las administraciones públicas, tanto en el ámbito estatal, autonómico como local. De hecho, pese a que en 2015 el primer Botànic se autoimpuso extremar los controles internos en materia de contratación con planes específicos de prevención de corruptelas, los fraccionamientos de contrato siguen siendo bastante comunes en muchas conselleries y ayuntamientos. Así lo atestiguan los informes de la Sindicatura de Comptes y de la propia Inspección de Servicios. La oposición, además, ha acudido a los tribunales para denunciar a varios cargos públicos, entre ellos, a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por esta práctica.
Por su parte, Antifraude observa como muchas denuncias que han impulsado y llevado ante la Fiscalía por su gravedad han acabado en vía muerta, ya que los tribunales suelen considerar que esta práctica carece de relevancia penal. De esta manera, estas prácticas de gestionar los recursos públicos queda sin reproche de ningún tipo.
El fraccionamiento esconde a veces auténticos casos de corrupción. La trama Gürtel, por ejemplo, se apoyaba en esta práctica para obtener contratos públicos. De hecho, una de las piezas pendientes de juicio es la que tiene que ver con las adjudicaciones menores de las conselleries del Gobierno de Francisco Camps a las empresas de la trama de Correa. En muchos casos, esta modalidad de contratación (que facilita la adjudicación a dedo) se lograba mediante el troceamiento de los contratos. Con todo, no siempre el fraccionamiento es un caso claro de corrupción. Como apuntan fuentes de la Antifraude supone una competencia desleal ya que al eludirse el concurso público la empresa beneficiada juega con ventaja y genera un perjuicio a quienes no tienen ocasión de competir.
En interpretación de Antifraude la figura aplicable sería la de prácticas colusorias de la competencia. Estas conductas se recogen en el Artítulo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y consisten en un acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada que tenga por objetivo impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del territorio nacional. Para el organismo valenciano el fraccionamiento de contratos encaja en esta figura. De ahí, el acuerdo que se está cerrando entre Antifraude y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Cabe recordar que este organismo estatal tiene como objetivo promover y defender el buen funcionamiento de los mercados en interés de los consumidores y de las empresas. Es una entidad pública con personalidad jurídica propia, independiente del Gobierno, pero sometida al control parlamentario. Un estatus similar al de la Agencia Antifraude.
Este organismo tiene entre sus funciones las de investigar y sancionar prácticas anticompetitivas a partir de denuncias o por propia iniciativa. De esta manera, podría dar cobertura a denuncias por fraccionamiento de contratos.
El organismo que dirige Llinares cree necesario una vuelta de tuerca con sanciones, de tal manera que los gestores públicos extremen el control y busquen la pulcritud en la contratación. El acuerdo está bastante avanzado y podría cerrarse en breve.
